18 de Agosto de 2009.
MONTEVIDEO (AP) - El gobierno uruguayo imputó responsabilidades al de Argentina por impedir el monitoreo conjunto del Río Uruguay que se desarrollaba a través de dos programas, informó el martes la cancillería.
Un comunicado señaló que la actitud argentina "por la vía de los hechos", impidió la continuación de los programas llamados de Control de la Contaminación del Río Uruguay (Procon) y del Programa de Monitoreo de Efectos Ambientales en Areas de Plantas Celulósicas (Procel).
El informe se conoce en momentos en que se aproximan las reuniones finales de la Corte Internacional de Justicia de La Haya en la disputa que sostienen los dos gobiernos por la presencia en la margen oriental del compartido Río Uruguay de la planta de celulosa finlandesa Botnia.
La cancillería salió al cruce a artículos y comentarios de medios de prensa que "por su imprecisión, aparentan dar actualidad a situaciones ocurridas varios años atrás en relación a la interrupción del monitoreo conjunto argentino-uruguayo del Río Uruguay en el ámbito de la Comisión Administradora del Río Uruguay (Caru)".
Los monitoreos sobre el medio ambiente desde su instalación los realiza Uruguay unilateralmente, por la negativa de Argentina.
La presencia de la planta de Botnia dio lugar a que los llamados ambientalistas de la provincia argentina de Entre Ríos, frente a la uruguaya Fray Bentos, donde se emplaza la fábrica, mantengan cortado el principal de los tres puentes internacionales sobre el Río Uruguay, desde hace casi tres años, reclamando que la fábrica sea desmantelada.
El corte del puente y los cierres transitorios de los otros dos han sido virtualmente alentados por los gobiernos del ex presidente Néstor Kirchner y ahora su esposa la presidenta Cristina Fernández que no ha tomado medidas para finalizarlo. Incluso Kirchner participó de una manifestación dando apoyo a la movilización.
El gobierno argentino también hizo caso omiso de un laudo arbitral del Mercosur, favorable a Uruguay, en el entendido que el bloqueo viola el reglamento del grupo que impulsa el libre comercio y tránsito de personas.
"En enero de 2006 el Presidente de la Delegación Argentina en CARU no prestó su conformidad para que se ejecutara la campaña que estaba prevista en aquel momento para los días 12 a 18 de febrero de 2006, argumentando la existencia de una controversia iniciada por la República Argentina ante la Corte Internacional de Justicia contra la República Oriental del Uruguay sobre la aplicación e interpretación del Estatuto del Río Uruguay, señaló la cancillería.
"De esa manera, por la vía de los hechos, se impidió que se pudiera continuar con el normal desarrollo del monitoreo conjunto del Río Uruguay que CARU venía desarrollando a través de sus programas PROCEL y PROCON", agregó.
Los programas de controles del Río Uruguay comenzaron a desarrollarse desde 1989 y hasta el año 2005.
"El argumento esgrimido por Argentina para interrumpir el monitoreo conjunto es insostenible ya que resulta evidente que la existencia de una controversia pendiente ante la Corte Internacional de Justicia no desvincula a las partes de dar cumplimiento a la obligación de protección y conservación del medio acuático y la protección integral del río establecida en el Estatuto del Río Uruguay", agregó el comunicado..
La cancillería también precisó que no obstante las autoridades haber insistido en trabajar en conjunto para el monitoreo, Argentina "además de reiterar la argumentación de la existencia de la controversia, manifestó que consideraba disuelto el Programa Procel, a la vez que propuso sustituir el Programa Procon por un nuevo programa que comprende aspectos que exceden el alcance del Estatuto del Río Uruguay".
Fuente:http://www.univision.com/contentroot/wirefeeds/50noticias/8019332.shtml
