Monteivideo, 22 mayo 2011
Tras el fracaso del oficialismo por anular la Ley de Caducidad, que es una especie de amnistía a militares de la dictadura (1973-85), la coalición Frente Amplio debate sobre la mejor fórmula juridica para lograr “verdad” y esclarecer los casos de desaparecidos en aquellos años, y “justicia”, para enjuiciar a los que todavía hayan escapado de procesamientos judiciales.
En medio de ese debate, sorprendió el planteamiento que hizo el presidente del Centro Militar, coronel (r) Guillermo Cedros. El militar retirado propuso la creación de la figura del “testigo o informante colaborador” para que “se den las debidas garantías y se creen tribunales especiales en los que se pueda volcar información”.
“De repente hay más para averiguar pero la gente necesita garantías” dijo a medios de prensa uruguaya. Puso como ejemplo, el caso del coronel aviador (r) Pedro Rivero que se ofreció como testigo en 2007 para confirmar que el militante tupamaro Horacio Ramos se había suicidado en el Penal de Libertad, pero luego “terminó con un pedido de procesamiento por encubrimiento”. Y advirtió: “con esos antecedentes no es fácil que alguien declare”.
El presidente José Mujica se pronunció apartentemente en igual sentido el viernes, horas después que fracasara en el Congreso la anulación de la ley de Caducidad. “Yo creo que alguna respuesta se va a dar, y la respuesta que más me preocupa es a los familiares, que hace muchos años luchan para saber dónde están sus huesos queridos. Y eso el país lo tiene que suturar de alguna manera”, dijo el presidente uruguayo.
La votación terminó 49 a 49 porque de los 40 diputados hubo uno, el radical Víctor Semproni, que no acató el mandato de la dirección política de la coalición oficialista Frente Amplio. Dijo que era un tema de conciencia y aplicó el criterio del presidente Mujica de evitar la aprobación de la polémica ley interpretativa.
Los cuestionamientos a lo aprobado por el Senado y que discutía Diputados, eran de dos tipos. En lo político se decía que no podía desconocer dos plebiscitos en los que había fracasado el intento por derogar la Ley de Caducidad (en 1989) y de anularla (en 2009).
Sobre la propuesta del militar, de canjear datos de desaparecidos por alguna especie de amparo judicial al que aporte información, el abogado de familiares de víctimas de la dictadura, Juan Errandonea dijo que no es sencillo de aceptar pero tampoco cerró la puerta.
Dijo que el planteo del coronel (r) Cedrez debe analizarse desde el plano jurídico y desde el plano ético. “Desde el punto de vista jurídico no habría ningún impedimento porque el principio de retroactividad de la ley más benigna estipula que la Justicia puede reducir la pena para un delito”. Sin embargo, “desde el punto de vista ético, me resulta difícil de admitir”, dijo Errandonea a al diario oficialista “La República”.
“Me resulta difícil porque en realidad lo que se está admitiendo con este planteo es que algunos militares tienen información y no la van a dar si no obtienen un beneficio. Parece que les importa muy poco el dolor de la gente; es como que en su momento obtuvieron un botín, que es la información, y ahora lo quieren negociar. Eticamente me parece de lo último”, expresó Errandonea.
Estimó “improbable” que se aporten nuevos datos por esta vía. “Durante 20 años tuvieron el amparo total de la Ley de Caducidad, 20 años de absoluta impunidad en el que ninguno llegó a declarar ante un Juzgado, y nunca aportaron un dato”. “¿Recién ahora se dieron cuenta de la información que tenían?”, se preguntó.
Pero el abogado dijo que la decisión sobre el tema la deberían tener los familiares de las víctimas. “Le reconozco la derecha a los familiares para tener la última palabra (en el tema), porque son los principales necesitados de verdad”, aseguró Errandonea.
fuente: http://www.infolatam.com/2011/05/22/ururugya-tras-fracasar-la-anulacion-de-la-ley-de-caducidad-militares-plantean-canjear-informacion-por-indulto/
