Esta semana llegan a Uruguay los integrantes de un equipo de abogados estadounidenses que defenderán al país en el juicio que le entabló la tabacalera Philip Morris. Los profesionales se reunirán con autoridades nacionales para afinar la estrategia judicial. Se estima que la primera sesión del juicio tenga lugar el 25 de mayo en París.
El prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, informó a la Secretaría de Comunicación que el equipo, del bufete Foley Hoag de Boston, permanecerá en Montevideo cuatro o cinco días, y se entrevistará con representantes de la Presidencia y de los ministerios de Relaciones Exteriores y Salud Pública.
La primera reunión del proceso judicial iniciado por Philip Morris será de arbitraje, y tendrá lugar en la capital francesa entre el 25 y el 26 de mayo.
El juicio se realiza en la órbita del Centro Internacional para la Resolución de Disputas en Inversiones (CEADI), perteneciente al Banco Mundial.
Las sesiones del tribunal no son públicas.
Se estima que el proceso judicial insumirá en total cerca de dos años.
Uno de los temas que se acordará en París es el procedimiento que se seguirá a partir de esta primera sesión de arbitraje, dedicada a la presentación de los argumentos de la empresa demandante.
Se abriría luego una etapa de seis meses para que Uruguay responda.
Cánepa aclaró que lo que se conoce hasta ahora es el planteo de la empresa para la solicitud del arbitraje. Lo que se conocerá en París es el corazón de su reclamación, señaló.
El Estado uruguayo, recordó, ha sido expresamente respaldado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud.
El ministro de Salud Pública, Daniel Olesker, remarcó, acaba de regresar de un encuentro mundial sobre enfermedades crónicas no transmisibles realizado por la OMS en Rusia en el que el tema fue abordado y el respaldo a Uruguay ratificado.
A la reunión fue especialmente invitado el ex presidente uruguayo Tabaré Vázquez, bajo cuya gestión se inició la política antitabaquista de este país, citada luego como ejemplo por los organismos sanitarios internacionales.
“No hay antecedentes en el mundo de una empresa que demande a un Estado con argumentos comerciales vinculados a la comercialización del tabaco cuando hay medidas de protección sanitaria por parte de un Estado”, argumentó Cánepa.
El jerarca reiteró que Uruguay no está dispuesto a modificar su política antitabaco ni los principios que establece la ley antitabaco votada por el parlamento.
