LAVADO DE ACTIVOS
El Banco Central (BCU) y la Dirección General Impositiva (DGI) firmaron un convenio para el intercambio de información tributaria en línea que permitirá un control más eficiente del lavado de activos. Uruguay tiene unos 90 procesados por ese delito, investiga cerca de 200 actividades anuales y figura entre los países con mayor nivel de cumplimiento de las exigencias internacionales en esta materia.
El convenio está enmarcado en el artículo 5 de la ley 17.835, que obliga a los organismos públicos a proporcionar información en materia de lavado de activos y precisa que el secreto bancario y el deber de reserva no son motivos suficientes para negar una solicitud en ese sentido.
Gracias a este acuerdo el Banco Central contará con acceso a la base de datos de contribuyentes.
Informaciones de valiosa utilidad para la unidad son la identificación fiscal de una empresa o una persona física, su dirección, sus declaraciones juradas o los pagos efectuados a la DGI.
Mario Bergara, titular del BCU, subrayó que Uruguay es uno de los países con mayor nivel de cumplimento de las recomendaciones internacionales sobre transparencia.
“No tenemos la visión de un Uruguay plaza financiera. No miramos la opacidad de otros sistemas tributarios sino que tenemos un enfoque de inserción regional y mundial que observa la transparencia” para profundizar el papel del país como captador de inversiones, aseguró.
El director de la DGI Pablo Ferreri agregó que pronto se instalará la Oficina de Fiscalía Internacional para investigar casos de lavado de activos que le sean elevados desde el exterior.
El prosecretario de la Presidencia Diego Cánepa celebró este acuerdo como un avance en las relaciones entre instituciones y se mostró a favor de eliminar el “chacrismo”.
Firmaron también el convenio, en una ceremonia realizada este lunes 9 en la Torre Ejecutiva, el gerente de la Unidad de Información y Análisis Financiero Daniel Espinoza y el secretario de la Junta Antilavado de Activos Carlos Díaz Fraga.
