COMISIÓN EVALÚA EXPROPIARLAS E INTEGRARLAS A DIRECCIÓN DE VIVIENDA
En Montevideo, decenas de fincas abandonadas u ocupadas generan problemas ambientales, urbanísticos, sanitarios y de seguridad. Una comisión estudia cuáles de ellas podrán ser incorporadas a los planes de vivienda del MVOTMA. Desde el ministerio consideran que el mejor camino para incorporar esos bienes es la expropiación.
Sólo algunas de esas construcciones serán declaradas prioritarias para integrar los programas de vivienda del gobierno, explicó a la Secretaría de Comunicación el director general de Secretaría del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) Gerardo Siri.
Señaló que el ministerio cuenta con partidas presupuestales para efectuar expropiaciones, pero no está en condiciones de adquirir toda la cartera.
Actualmente se cruzan los datos del relevamiento efectuado por una comisión multipartito con las necesidades de la Dirección de Vivienda.
Siri agregó que el MVOTMA buscará que las cuantiosas deudas que mantienen los propietarios de estos bienes sean consideradas al momento de tasar los inmuebles para su compra compulsiva.
Una expropiación comienza con la declaración de utilidad pública del bien a través de una ley.
El trámite administrativo prosigue con la tasación. Si el dueño acuerda la compensación, culmina el proceso. Si no lo hace, el Estado tiene la facultad de llevar el trámite a la Justicia para establecer una compensación justa, sin perjuicio de ejecutar las obras que motivaron la declaración de utilidad.
La titulación de estas construcciones es un problema legal importante que complica el trabajo de la comisión, que debe analizar caso por caso las sucesiones, sociedades anónimas, embargos, hipotecas, promesas de compraventa y otros problemas notariales, o incluso los reclamos de las personas que ocupan los inmuebles.
Esta comisión está integrada por el MVOTMA, la Intendencia de Montevideo, la Universidad de la República, el Ministerio Público y, por el parlamento, el diputado Alfredo Asti. Fue convocada por el ómbudsman capitalino Fernando Rodríguez, y estudia los mecanismos de expropiación para que las fincas abandonadas y/u ocupadas pasen a los programas de vivienda del ministerio.
