En su exposición en el 16º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Canciller Luis Almagro ratificó el compromiso del Uruguay con los derechos humanos y con el sistema internacional que los promueve y los protege. Destacó que los derechos humanos son el eje de todas las políticas públicas impulsadas desde el gobierno uruguayo. En el encuentro internacional, Almagro condenó la represión en Libia.
Explicó que Uruguay certificó todos los tratados de protección de los DDHH y agregó que el Poder Legislativo tramita la ratificación de los derechos económicos, sociales y culturales y también el convenio sobre las personas con discapacidades. Subrayó que los derechos humanos son el eje de todas las políticas públicas impulsadas por el gobierno uruguayo y también una de las principales prioridades de política exterior.
A continuación se transcribe la intervención del Ministro de Relaciones Exteriores, Luis Almagro en el 16º Periodo de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos - Ginebra, 28 de febrero de 2011
Gracias señor presidente
Es un gran honor para mí poder dirigirme a este consejo a un año de haber asumido sus funciones el nuevo gobierno uruguayo. Y es también una gran satisfacción hacerlo cuando celebramos el año internacional de los afro descendientes, icono que representa lo más genuino de las luchas históricas de nuestros países contra la esclavitud y la discriminación racial.
El compromiso de Uruguay con los derechos humanos
Quisiera comenzar ratificando el inquebrantable compromiso del Uruguay con los derechos humanos y con el sistema internacional que los promueve y los protege.
Uruguay ha ratificado todos los tratados de protección de los derechos humanos y sus protocolos facultativos. Actualmente, el poder legislativo realiza los trámites para ratificar el protocolo facultativo al pacto de derechos económicos, sociales y culturales y el protocolo facultativo al convenio sobre las personas con discapacidades.
Además, nuestro país mantiene desde el 2005 una invitación abierta a todos los procedimientos especiales de las Naciones Unidas para que visiten Uruguay, la que hemos extendido en el año 2007 a los órganos del sistema interamericano. Esto refleja nuestra voluntad de cooperar en forma transparente, abierta y constructiva con el sistema.
Estos compromisos internacionales son el reflejo de la importancia que nuestro gobierno concede a la protección de los derechos humanos en el ámbito interno.
En suma, actualmente los derechos humanos son el eje de todas las políticas públicas impulsadas por el gobierno uruguayo, y también una de las principales prioridades de su política exterior.
El contexto nacional: la crisis económica del 2002 y las respuestas del gobierno.
En el año 2002, el Uruguay sufrió la crisis financiera mas profunda de toda su historia, aumentando las cifras de pobreza e indigencia a niveles inéditos en el país. Ella represento la amenaza más grande que han tenido los derechos económicos, sociales y culturales en nuestra sociedad.
Sin embargo, en poco tiempo Uruguay logro recobrar los niveles de actividad económica, de empleo y de inversión necesarios para superar los efectos mas duros de la crisis, producto de una política económica que ha generado estabilidad y equilibrio. Llevamos ya ocho años de crecimiento económico sostenido y en diciembre de 2010 la tasa de desempleo se ubico en su mínimo histórico de 5,6%.
Pero si bien los efectos económicos de la crisis se fueron revirtiendo en un periodo relativamente corto, los efectos sociales mas perversos, como son la pobreza extrema y la marginalidad, han persistido en el tiempo y afectan todavía a un número importante de nuestros compatriotas.
Es por ello que la prioridad absoluta de este gobierno es la de eliminar completamente la indigencia y reducir sustantivamente los niveles de pobreza, rompiendo el circulo vicioso que condena a muchos uruguayos a desaprovechar las oportunidades del crecimiento económico y los mayores niveles de bienestar general.
Para ello se ha tenido que redefinir la matriz de políticas sociales adoptándose medidas destinadas a atender las necesidades de los sectores mas desfavorecidos de nuestra población.
El crecimiento económico se ha visto acompañado de una recuperación importante de los salarios y las pensiones, y de la aprobación de medidas destinadas a fortalecer los derechos de los trabajadores, como ser la reinstalación de los consejos de salarios y la negociación colectiva a partir del año 2005. Ello permitió alcanzar convenios sectoriales que garantizan remuneraciones y condiciones de trabajo más justas y adecuadas para los asalariados.
Durante este periodo también se regularon sectores de actividad tradicionalmente desprotegidos, como el trabajo domestico y trabajo rural.
En ambos casos se aprobaron leyes que incrementaron la formalización y establecen condiciones de trabajo decente y derechos similares a los de otros sectores del trabajo. También se avanzo en la implementación de la ley de migraciones y de refugiados, las que se elaboraron bajo una perspectiva de derechos humanos.
Una herramienta importante de inclusión y movilidad social es sin dudas la educación. En Uruguay existe la escuela publica, gratuita y obligatoria desde hace mas de un siglo, es el primer país donde se ha hecho realidad el programa de “one laptop per child”, a través del plan ceibal, y los recursos presupuestales asignados a la educación son los mas elevados de los últimos años.
Sin embargo, la tasa de desvinculación de la educación formal es muy alta y un número importante de adolescentes no estudia o abandona la enseñanza secundaria antes de culminarla.
Revertir esta situación es otra de las prioridades que se ha trazado el gobierno y en este momento se encaminan importantes esfuerzos para lograrlo. Somos plenamente conscientes que el futuro de nuestro país radica en nuestra juventud y en la calidad de la educación que logremos darle.
A través del “plan de emergencia” primero, y luego del “plan de equidad”, hemos enfrentado con sentido de urgencia el fenómeno de la pobreza y logrado reducirlo desde un 30% existente a finales de la crisis, a menos del 20%.
Pero al mismo tiempo, hemos tomado medidas diferenciadas para proteger a los grupos mas vulnerables, donde los efectos negativos de la crisis se han hecho mas persistentes.
En el mes de noviembre del pasado año Uruguay presento ante el comité de derechos económicos, sociales y culturales el conjunto de las políticas sociales adoptadas para tutelar este amplio conjunto de derechos afectados por la crisis.
Además, hace tan solo dos semanas tuvo lugar el dialogo con el comité para la eliminación de la discriminación racial, donde nuestro país explico las medidas afirmativas y los programas diferenciados dirigidos a la comunidad afro descendiente y a los descendientes de poblaciones indígenas del país, que se cuentan precisamente entre los grupos mas vulnerables.
El Uruguay y el funcionamiento del sistema
Quisiera ahora expresar nuestro reconocimiento a los órganos de los tratados por plantear formas más sencillas de presentar los informes periódicos.
En tal sentido, ya hemos aceptado el formato de preguntas adelantadas, tal como fue propuesto por el comité contra la tortura y el comité de derechos humanos.
También agradecemos el interés de los miembros de varios comités en dar seguimiento a la instrumentación de los convenios ya ratificados, tal como sucedió con la visita a Uruguay de expertas latinoamericanas de cedaw en 2009 y del comité de derechos del niño en 2010, celebrando encuentros con autoridades del estado y de la sociedad civil.
En materia de procedimientos especiales, Uruguay desea recordar la invitación abierta que les ha cursado, habiéndose concretado en el 2009 la visita del relator especial sobre la cuestión de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes, y en el 2010, de la relatora sobre la cuestión de la trata de personas. Ambos temas fueron parte de las recomendaciones formuladas en el examen periódico universal de Uruguay, realizado en mayo de 2009 y en el comité cedaw en el 2008.
Uruguay esta tomando medidas para mejorar las condiciones de privación de libertad en nuestras cárceles, habiendo declarado en 2005 la emergencia penitenciaria. La visita del relator contra la tortura contribuyo a dar visibilidad al tema y a la asignación de mayores recursos para alcanzar soluciones viables.
Agradecemos igualmente los ofrecimientos de cooperación o asistencia técnica provenientes de diversas fuentes como ser las Naciones Unidas, donantes gubernamentales, no gubernamentales y privados, coordinados en buena parte en el marco del proyecto “one u.n” para aportar mayor transparencia y coherencia tras identificación de las necesidades nacionales.
Queremos también destacar el apoyo de la OIM y otros donantes respecto al tema de la trata de personas, que afecta especialmente a mujeres y niños y constituía una problemática casi invisible en la sociedad uruguaya.
Desterrar este fenómeno requiere de mayores esfuerzos de sensibilización general, además de una fluida coordinación interinstitucional
Este año visitara nuestro país la experta independiente sobre las obligaciones internacionales relativas al acceso al agua potable y al saneamiento.
Nos complace esta visita, y quisiera recordar que en el año 2004, a través de referéndum popular, el pueblo uruguayo incluyo en la constitución nacional el acceso al agua potable como un derecho humano, junto al derecho a un medio ambiente sano.
Uruguay se ha comprometido tempranamente, tanto en el ámbito internacional como en el interamericano, con la promoción de los derechos del niño.
Año tras año nuestro país ha asumido la responsabilidad de coordinar y presentar, en nombre del GRULAC, la resolución sobre derechos del niño que se aprueba en este consejo.
Nos complace que este año se analice la situación de los niños que viven y/o trabajan en la calle, problemática de complejas raíces, que varían de país a país y que requiere de la mayor atención.
Temas prioritarios para este consejo
Entre los temas de este consejo, Uruguay destaca el de derechos humanos y medio ambiente, y en particular el seguimiento de las conclusiones del foro social 2010 sobre derechos humanos y cambio climático. Esta constituye una problemática global que requiere de respuestas nacionales e internacionales.
También nos parece oportuno que la comunidad internacional reflexione sobre el rol de una eventual corte internacional de derechos humanos, a la luz de las cortes regionales ya existentes y del rol de los órganos cuasi-jurisdiccionales de Naciones Unidas hay que seguir analizando esta posibilidad, pero en principio parecería que una institución de este tipo contribuiría a fortalecer el sistema internacional.
El apoyo al rol de la alta comisionada para los DD.HH
Quiero expresar nuestro más firme reconocimiento y apoyo a la Sra. Alta comisionada por su labor y su compromiso con la defensa de los derechos humanos, particularmente en la lucha contra toda forma de discriminación, incluyendo la discriminación por orientación sexual e identidad de género.
Respaldamos su preocupación permanente por denunciar con autonomía e independencia todas las situaciones donde se ponen en riesgo los derechos humanos, cualquiera sea el lugar donde estas se produzcan.
La alta comisionada, junto con el consejo, sus órganos y procedimientos especiales, conforman el único sistema con que cuenta la comunidad internacional para tutelar los derechos fundamentales. Pensamos que es una responsabilidad de todos asegurar su funcionamiento eficaz y apoyamos decididamente su fortalecimiento.
Reconocer y fortalecer el sistema internacional de DD.HH.
Nuestro país esta comprometido con este sistema, no solo por convicción filosófica, al considerar a estos derechos valores universales intrínsecos a la naturaleza humana, sino también por experiencia propia.
Durante los años de la ominosa dictadura militar que usurpo los poderes constitucionales en nuestro país entre 1973 y 1984, el sistema internacional respondió en defensa del pueblo uruguayo y permitió denunciar las graves violaciones de derechos humanos perpetradas por el gobierno militar, entre ellas la terrible realidad de las desapariciones forzadas, que hoy se encuentran sancionadas por un convenio internacional del que Uruguay fue un firme propulsor.
Quisiera también hacer un especial reconocimiento al rol de las organizaciones no gubernamentales, ya que a través de sus actividades y denuncias nuestro consejo ha tomado conocimiento de atroces violaciones de derechos humanos en lugares donde muchas veces solo ellas se encuentran presentes para atestiguar sobre estas graves situaciones, pagando incluso el alto precio de ver a sus miembros secuestrados o muertos. Ellas también contribuyeron a denunciar los atropellos cometidos por la dictadura militar uruguaya.
La sociedad uruguaya aun padece algunas consecuencias de aquella dictadura y de las heridas que dejo como amargo legado, las que hoy estamos empeñados en cerrar para siempre. En tal sentido, agradecemos a la oficina el haber incluido en su plan estratégico 2010-2011 los temas de impunidad, siendo este uno de los desafíos que Uruguay ha enfrentado y donde hemos registrado algunos avances, particularmente a nivel judicial. Asimismo, nos es importante seguir trabajando en la recuperación de la memoria colectiva y en la identificación de las personas detenidas-desaparecidas.
Hoy, cuando en Uruguay rigen plenamente los derechos civiles y políticos y las libertades democráticas, la lucha contra la impunidad y el compromiso con el derecho a la verdad y a la justicia, son una parte indispensable de la lucha por los derechos humanos.
También agradecemos el apoyo ofrecido por la oficina regional para el cono sur al proceso de establecimiento de la institución nacional de derechos humanos, el que hacemos extensivo a la asociación de prevención de la tortura, dado que la INDH pasara a actuar también como mecanismo nacional de prevención de la tortura.
Sr. Presidente, permítanos alentar a los demás estados miembros y no miembros de este consejo, a persistir en el esfuerzo de identificar y aplicar formas de funcionamiento mas efectivas y cooperativas, que permitan tener un impacto real sobre el terreno, de forma de que el sistema internacional actúe como una verdadera garantía en complemento de las responsabilidades y obligaciones que competen a los estados nacionales en la tutela de los derechos humanos de todos sus ciudadanos.
Finalmente, no puedo cerrar mi intervención sin referirme a los trascendentes acontecimientos que ahora mismo están teniendo lugar en diversos países del medio oriente.
Esta ola espontánea de reclamos que se abalanzó sobre las calles de numerosas ciudades, pidiendo respeto para sus derechos, más libertad y más democracia, ha despertado la admiración de toda la comunidad internacional.
Condenamos y rechazamos que en algunos casos este clamor popular haya sido reprimido mediante la violencia y de inaceptables violaciones de los derechos humanos, tal como esta sucediendo en Libia. Uruguay copatrocino en tal sentido la resolución de este consejo.
Como España señalaba hoy, es necesario un sistema de alerta temprana para la solución de los problemas de derechos humanos.
Nos hemos dado cuenta de los problemas cuando los pueblos no lo han podido resistir más.
Estos pueblos que han cambiado por si mismos a sus opresores, no hubieran estado en otras circunstancias en nuestra agenda del consejo.
Nuestro país aspira a que los acontecimientos actuales puedan derivar en procesos de democratización, que garanticen el pleno ejercicio de los derechos humanos, contribuyendo así a la estabilidad y la paz en toda la región.
Muchas gracias.
