Observatorio. Usuarias no saben que pueden recibir asesoramiento sobre aborto o atención en caso de violencia
En los últimos años, varias normas relativas a la salud sexual y reproductiva comenzaron a implementarse. Aunque las cifras son más alentadoras cada año, muchas mujeres, y también muchos profesionales, desconocen sus derechos.
Entre otras cosas, no todos los médicos asesoran en caso de aborto y el 20% de las mujeres no usa anticonceptivos.
G. A.
Buenas y malas. Es alto el número de cesáreas, pero universal el test de VIH. El informe 2009 del Observatorio Nacional de Género y Salud Sexual y Reproductiva se presentó ayer y reveló algunos datos que serán tenidos en cuenta por el Ministerio de Salud Pública, según anunció el secretario de esa cartera, Daniel Olesker.
La investigación, que recoge información estadística y cualitativa sobre la implementación de normativas y guías clínicas vigentes sobre salud sexual y reproductiva, fue elaborada por la organización Mujer y Salud en Uruguay (MYSU), sobre la base de encuestas y entrevistas realizadas a 1.396 mujeres y 152 profesionales (ginecólogos y parteras) de 13 servicios de salud pública hospitales y centros de primer nivel de atención ubicados en cinco departamentos del país (Montevideo, Paysandú, Rivera, Cerro Largo y Soriano).
Los resultados obtenidos muestran, entre otras cosas, avances en algunas áreas, desconocimiento en otras y desigualdades en algunos sectores, de acuerdo a lo que indicó Lilián Abracinskas, de MYSU, durante la presentación de los datos.
En conclusión, el Observatorio llamó la atención sobre las inequidades existentes, así como sobre la existencia de barreras en infraestructura o poca integralidad de las prestaciones. "Se toman medidas por separado, superponiéndose y derrochando esfuerzos. Las articulaciones son puntuales y aleatorias", comentó Abracinskas.
También se critica un enfoque exclusivamente biomédico, en el que la interdisciplinariedad y el intercambio con otros especialistas es casi inexistente.
"En estos cinco años ha habido una baja asignación de recursos y se ha priorizado poco la salud sexual y reproductiva. Sugerimos que en los próximos se haga una estrategia en el marco del SNIS, siguiendo los lineamientos de la OMS y la ONU, en lugar de tomar acciones puntuales", explicó la activista de MYSU. "Para eso se debe invertir", subrayó.
Tanto MYSU como el ministro Olesker señalaron la brecha existente entre los derechos "formales" y los "reales". A pesar de que existen, se desconocen. "No llegan a quienes deberían llegar, y es un problema de todo el sistema. La brecha aumenta cuanto más lejos se está de los centros de información y poder", sostuvo Olesker (ver recuadro).
Anticonceptivos y violencia
El estudio abordó diferentes áreas vinculadas a la salud sexual y reproductiva. En cuanto a la anticoncepción, reveló que, si bien un alto número de mujeres sabe que puede acceder a métodos gratuitos (79,1%), cerca de la mitad (57,1% entre las madres recientes) desconoce que puede acceder a una ligadura tubaria por su sola voluntad.
Al 26% le solicitaron, por ejemplo, su firma y la de su pareja para conseguirla, cuando no es necesario. El 55,6% de los médicos con más de cinco años de ejercicio desconocían esta norma.
Respecto al informe anterior, el informe evidencia un aumento de mujeres que dicen utilizar métodos anticonceptivos habitualmente. En 2008 lo hacía el 60%: ahora son el 79,3%. El más utilizado es la pastilla anticonceptiva (51,1%), seguida de los preservativos (27,9%) y el DIU (22,8%). Más de la mitad recibió la indicación en el centro de salud. A este respecto, el Observatorio "llama la atención sobre la baja utilización del condón", que previene enfermedades de transmisión sexual.
Por otra parte, el 34,6% de las usuarias solicitó la colocación del DIU, y a un 81% se lo colocaron. Sin embargo, la cifra de colocación baja notablemente al 58% ante el pedido de las puérperas.
También se detectó poca información sobre el tema en las salas de espera, escasa difusión del preservativo femenino y falta de atención a la promoción de responsabilidades entre los varones.
En cuanto a la violencia doméstica y sexual, el 59% de las usuarias desconocen que el médico debe preguntarles si viven estas situaciones. El 53,3%, además, no sabe si existen servicios de atención en sus centros de salud. Además, casi la mitad de los médicos (47,4%) no aplica el formulario requerido en estos casos. El 37,5% alega que "el tiempo es escaso", cifra que aumenta al 42,9% en Montevideo.
Parto, embarazo, aborto
Casi las tres cuartas partes de las mujeres saben que pueden estar acompañadas durante el parto, un derecho existente desde 2001. Sin embargo, el 56% no gozó de este derecho, y la cifra aumenta a mayor edad. Desde las direcciones de los centros de salud, según explicó Abracinskas, se explicó que hay resistencia al acompañamiento entre algunos profesionales, mientras otros desconocen la norma.
No obstante, el Observatorio mostró su satisfacción ante la incorporación de "prácticas beneficiosas durante el embarazo", como los tests obligatorios de VIH. El 93% de las puérperas se lo practicaron, y se observa un alto cumplimiento de los criterios de confidencialidad en estos casos. También se considera positiva la cobertura universal con tratamiento antirretroviral, aunque, sin embargo, muchos médicos la desconocen. "Falta un camino por recorrer en cuanto a la calidad", admitió Abracinskas.
Por otra parte, MYSU mostró su preocupación por el alto número de cesáreas, que supera también en el sector público, las recomendaciones internacionales. La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece la frecuencia esperada en el 15%, mientras que el 39,7% de las madres recientes en nuestro país relata haber tenido un parto por cesárea.
La atención pre y post aborto es un aspecto destacado del informe. La ordenanza 396, que establece la necesidad de tomar "medidas sanitarias para la prevención del aborto provocado en condiciones de riesgo" lo que implica el asesoramiento confidencial del médico en caso de un embarazo no deseado, para evitar prácticas riesgosas o incluso mortales es muy poco conocida por las usuarias. Casi el 60% desconoce que tiene el derecho a recibir atención si tiene complicaciones después de practicarse un aborto.
Más de la mitad de los profesionales conoce la norma. La cifra era mucho más baja en el anterior informe. Muchos médicos orientan a las mujeres, pero un alto número "no va a lo técnico, sino a lo moralizante, apelando a lo valorativo", explicó Abracinskas. "En realidad, no tienen que decirle a la mujer qué hacer, sino desestimular que realice prácticas inseguras", añadió.
De hecho, el 17% de los médicos desestimula a la mujer de optar por un aborto, y un 14,6% optó por recomendarle que diera su hijo en adopción. Sólo una cuarta parte asesoró sobre el tema, mientras que el 11,9% derivó a la paciente a otro profesional. El asunto podría tener otra explicación: el 42,1% de los médicos no ha recibido capacitación alguna para desempeñar esta tarea.
El asesoramiento también genera descontento entre las mujeres. "Muchas de ellas no quieren información, sino que les resuelvan la situación", graficó Abracinskas
En cuanto a las consultas post aborto, aumentaron respecto a 2008. El número de chequeos llega al 35,9%, pero solo en un 4,2% de los casos se realizó un reporte epidemiológico. Estas consultas, por tanto, están subregistradas.
Prevención del cáncer
A pesar de que nuestro país ostenta el mayor número de casos de cáncer de la región, pocas mujeres se efectúan exámenes preventivos con la frecuencia que debieran. Casi el 37% de las usuarias no se realizó exámenes de Papanicolau (PAP) en los últimos dos años. Muy pocas saben que existe la ordenanza 402, que establece la obligatoriedad del PAP cada tres años, a partir de los 21 años de edad. La enorme mayoría de las mujeres alega no practicarse el examen porque el médico no lo indicó, porque no tuvo tiempo, porque consideró que no era necesario o porque no le gusta. En tanto, un quinto de los médicos tampoco conoce la ordenanza.
Olesker: estudian gratuidad de copagos
El ministro Olesker planteó que, para reducir la brecha existente entre los "derechos formales" y los "derechos reales" en materia de salud sexual y reproductiva, se implementará una estrategia en este quinquenio. Admitió que hay responsabilidad en la no aplicación de estos derechos entre los varones. Como ejemplo, muchos de ellos no reciben tratamiento contra la sífilis y vuelven a contagiar a sus parejas. "Trabajamos en medidas legales para que esto no suceda más", indicó.
Olesker dijo que el tema será prioritario y habrá una reestructura del área de programas (incluyendo este), que pasarán a depender directamente del ministro. También admitió carencias en el área comunicativa, por lo que anunció un fortalecimiento al respecto. Por otra parte, señaló que el contralor de las prestaciones obligatorias deberá fortalecerse, del mismo modo que la informatización para saber qué hacer con datos vitales, como los referidos a la violencia doméstica.
Olesker sostuvo que las inequidades existentes en la salud sexual y reproductiva podrían subsanarse con un cambio en la política de copagos (pagos de órdenes y tickets) que actualmente se analiza. No se descarta llegar a la gratuidad en algunos casos.
En este quinquenio se procura que el 20% de las personas que pagan la cuota mutual de su bolsillo, ya no lo haga. Además, se buscarán soluciones para aquellos que, como los diabéticos, tienen medicamentos gratuitos pero pagan elevadas órdenes o análisis clínicos. "La accesibilidad económica ha demostrado ser un factor relevante al elegir un servicio de salud. Si queremos accesiblidad real una tomografía, no puede ser gratuita en un lugar y costar 1.200 pesos en otro", afirmó.
