PROYECTO ALTERNATIVA SOLIDARIA
La iniciativa prevé, en un lapso de 18 meses, la capacitación en cooperativismo de 250 personas privadas de libertad. Se estima que beneficiará a una población de 1.700 personas entre privados de libertad y sus familiares, liberados, integrantes del personal policial y operadores del Poder Judicial. Será llevado adelante por la Federación de Cooperativas de Producción del Uruguay (FCPU) y la ONG italiana COSPE.
Se lanzó hoy en la sala Lumière, en la ciudad de Canelones, el proyecto "Alternativa Solidaria: Promoción del Cooperativismo de Trabajo en los Centros Penitenciarios de Canelones, como herramienta para la consolidación de la Democracia y el Estado de derecho en Uruguay". Participaron del acto, entre otros, el Embajador y Jefe de la Delegación de la Unión Europea en Uruguay, Geoffrey Barrett, el Comisionado Parlamentario Álvaro Garcé, el Intendente de Canelones, Estanislao Chiazzaro, el Jefe de Policía Insp. Mayor (R) Leonardo Ruiz Rodríguez, el Secretario General de la Federación de Cooperativas de Producción del Uruguay (FCPU), Gabriel Otero y la Representante de la ONG italiana Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergente (COSPE), Ada Trifiró.
El proyecto tendrá una duración de 18 meses y será llevado adelante en conjunto por la FCPU y COSPE, con la co-financiación de la Unión Europea. Su objetivo es el de contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida y dignificación de las personas privadas de la libertad de los centros penitenciarios departamentales y de su entorno familiar.
Por lo que se apoyará su retorno a la vida libre, la superación de las dificultades provocadas por la reclusión a través de la promoción de iniciativas de trabajo asociado que sean viables, sostenidas y orientadas al mercado.
El plan prevé un proceso de capacitación en cooperativismo, al menos a 250 personas privadas de libertad (25% de los reclusos en establecimientos carcelarios canarios), al tiempo que se apoyará aquéllos emprendimientos productivos surgidos a su interior.
La propuesta apunta, además, a integrar a la familia de la población carcelaria y al personal asignado a las cárceles, a quienes se vincula con la toma de decisiones y aquéllos que tienen a su cargo la ejecución de acciones vinculadas con la Ley de Humanización y decretos reglamentarios.
La participación de la familia, como sostén de quienes buscan reinsertarse en la sociedad se considera fundamental, por lo que se buscará involucrar a los liberados, como a sus familiares, en los emprendimientos productivos.
Las principales actividades previstas incluyen capacitación profesional, cursos de cooperativismo, identificación de sectores de oportunidad para fomento de nuevas iniciativas productivas, estudio de viabilidad socio-económica, consultoría legal, económica y social para los grupos productivos. También existirá asistencia en la conformación de cooperativas, apoyo para la comercialización, compra de equipamientos y ropa de trabajo, acceso a crédito cooperativo y firma de convenios con gobiernos locales y empresas del sector privado para la inserción de liberados y orientación laboral.
Promotores del proyecto prevén que las acciones mencionadas beneficiarán a una población de al menos 1.700 personas entre: privados de libertad y sus familiares, liberados, integrantes del personal policial y operadores del Poder Judicial y residentes de las comunidades involucradas.
Mejoramiento del sistema penitenciario
El Intendente canario Estanislao Chiazzaro, puntualizó que la población del departamento no es sólo la que goza de sus libertades sino también la que está en las cárceles de Canelones. Por este motivo, la Comuna consideró importante desarrollar actividades que mejoren las posibilidades de "una población que hasta ahora había sido descuidada".
El Jefe Comunal señaló que previo al lanzamiento del Proyecto Alternativa Solidaria, y junto a integrantes de la FCPU, se mantuvieron contactos con los directores de los establecimientos y con las comisiones de presos y presas, lo que permitió diagnosticar que era posible trabajar con los reclusos y, al mismo tiempo, detectar que había inquietudes de recibir capacitación en la materia.
El Intendente Chiazzaro recordó que en el organigrama municipal figura la Unidad de Desarrollo Cooperativo, "que es la base operativa en el Departamento para los proyectos que tienen que ver con el cooperativismo". "Como este proyecto apunta a la sensibilización cooperativa a nivel de las cárceles y la posibilidad de desarrollar, además, actividades productivas, la Unidad será una palanca para llevar adelante la iniciativa", aseguró.
El Director del Programa, Daniel Arbulo, recordó que hay antecedentes de emprendimientos cooperativos satisfactorios de reclusos, como es el caso de la Cooperativa Panificadora de Apoyo Social (COOPAPS), en La Tablada, y Alternativa Femenina, en Cabildo, ambos en Montevideo, que también recibieron el apoyo de FCPU y COSPE.
Según el Comisionado Parlamentario, Àlvaro Garcé, "si sumamos la cantidad de personas que están procesadas y penadas en la Cárcel Departamental, Pabellón Femenino y Chacra, hay más de 1.000 personas recluidas, lo que consideró un número alto.
"Hay muchos internos que quieren trabajar y no tienen la posibilidad de hacerlo y este proyecto de difusión de los principios cooperativos dentro del sistema penitenciario constituye una muy buena razón para la esperanza. Para que quienes estén privados de libertad tengan la posibilidad de trabajar". El Comisionado Parlamentario destacó que "la difusión de los principios del cooperativismo es muy importante y valiosa dentro de un contexto particularmente adverso como lo es el de la privación de libertad".
El Asesor de la Cartera del Interior, Alberto Brusa, consideró que el Proyecto Alternativa Solidaria contribuye a los esfuerzos del Ministerio en "abordar el problema penitenciario, en su mejoramiento y transformación". Brusa valoró la participación de nuevos actores en el proceso, como la cooperación internacional (Unión Europea) y las fuerzas sociales (Cooperativismo). También, en que la iniciativa "mira" no solo a las personas privadas de libertad sino además a sus familiares".
El representante de la Unión Europea, Geoffrey Barrett, manifestó que el presente proyecto responde a un acuerdo establecido con la Administración anterior por el cual ese bloque se comprometió a otorgar un monto cercano a los 5 millones de euros para contribuir con la reforma del sector. Bajo esos lineamientos, "se viene trabajando con los distintos actores del Gobierno y los actores internacionales interesados en la Reforma de la Justicia y del Sistema Penitenciario para ver cuál podría ser el aporte de la Unión Europea a la solución de los grandes problemas del sector y que todos conocemos. No va a ser nada fácil -vaticinó-, es un sector de naturaleza polivalente con muchos aspectos que se tendrían que tener en cuenta. Además de la propia exclusión, todo lo que hace a temas como educación, integración y capacitación".
