PROGRAMA DE MEJORA DE BARRIOS
El coordinador del Programa de Integración de Asentamientos Irregulares (PIAI) Fernando Cabezudo, explicó a la Secretaría de Comunicación que el Programa Mejoramiento de Barrios procura regularizar la tenencia de la tierra en aquellos sitios donde existen ocupaciones irregulares. El propósito de esta iniciativa es promover la integración socio urbana y mejorar la calidad de vida de los 160 mil residentes de los asentamientos.
Con el Programa Mejoramiento de Barrios (PIAI), dependiente del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y medio Ambiente, se busca mejorar la calidad de vida de los residentes de los asentamientos.
Para esta tarea se realizan obras de infraestructura como vialidad, desagües pluviales, agua potable, saneamiento, redes de energía y de alumbrado público.
Esto permite el fraccionamiento del suelo y está asociado con la construcción de equipamiento comunitario, el cual se hace de acuerdo con los organismos competentes. También se proyectan y financian espacios verdes, recreativos o deportivos.
El coordinador del PIAI, Fernando Cabezudo, subrayó que en esta iniciativa es fundamental la participación de la comunidad organizada de los barrios y las comisiones de vecinos involucrados en todas las fases del proceso.
La coordinación de los proyectos se realiza a través de las intendencias departamentales que trabajan como subejecutores en la formulación, evaluación y aprobación de los mismos.
En ese sentido, Cabezudo explicó que no todos los asentamientos existentes en el Uruguay son elegibles. Entre los requisitos que deben cumplir figura el registro en el censo de asentamientos del año 2005-2006, estar localizados en áreas urbanas con más de 7.000 habitantes y poseer un mínimo de 40 lotes.
Agregó que hasta el momento se atendieron 60 mil personas, de un total de 160 mil que viven en asentamientos elegibles para su regularización.
El 75% de esos lotes tienen que estar ocupados por viviendas, con acceso vial regularizado en su ubicación. Además, las tierras deben ser públicas para que sea factible la entrega de la titularidad del suelo a los ocupantes.
El financiamiento de esta iniciativa está a cargo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que aporta un 70%, con la participación de recursos nacionales presupuestales en el 30% restante.
