Daniel Chasqueti
Profesor e Investigador del Instituto de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Presidente de la Asociación Uruguaya de Ciencia Política (AUCiP).
23.11.2009
El día después y el modelo Sanguinetti de traspaso
Las encuestas divulgadas hasta el momento son claras y contundentes. No admiten una doble lectura: Mujica será el próximo Presidente de la República. Ante este final anunciado, muchos se preguntan qué pasará el día después. ¿Podrá la dirigencia política uruguaya encontrar mecanismos y ámbitos para dialogar? ¿Podrá construir acuerdos sobre ciertas políticas que garanticen a la ciudadanía la resolución de ciertos temas acuciantes?
Ante este tipo de interrogantes vale la pena señalar que el presidente electo siempre tiene la responsabilidad de la primera movida. O sea, el nuevo presidente tiene la derecha en el juego del diálogo y el acuerdo. En grandes líneas, podría decirse que, bajo las circunstancias en las que será electo Mujica, tiene dos estrategias posibles: a) formar un gobierno de partido; b) apostar al diálogo a los efectos de ampliar la base de su gobierno.
La primera opción es anunciar la organización de un gobierno de partido. La formación del gabinete y la organización de la mayoría parlamentaria, responderán al objetivo de llevar adelante el programa presentado ante la ciudadanía. Frente a esta estrategia, los partidos de la oposición no tendrán más remedio que definir cuáles serán las áreas de conflicto para el próximo período. Este escenario es muy normal en las democracias bipartidistas como Estados Unidos o Gran Bretaña.
Una segunda opción es la de intentar una ampliación de la base del gobierno a través del diálogo y el acuerdo. Esta estrategia fue seguida por Vázquez hace cinco años y consiste en convocar a los partidos a dialogar en torno a una agenda definida por el presidente. El objetivo será establecer acuerdos básicos en determinadas políticas públicas. Esta modalidad puede rendir más o menos, según sea el talante y la disposición de los negociadores. En la transición 2004-2005, el intento no trajo resultados espectaculares, pues los documentos acordados eran extremadamente generales y rápidamente cayeron en el olvido. A mi juicio, en esa instancia, ni unos ni otros estaban preparados para obtener un resultado diferente al que alcanzaron. El Frente Amplio nunca había sido gobierno y los partidos fundacionales nunca habían estado juntos en la oposición.
En este sentido, una de las mejores experiencias en materia de diálogo y acuerdo, la desarrolló el ex Presidente Sanguinetti en la transición o traspaso del gobierno, entre finesde 1994 y comienzos de 1995.
Luego de ser electo en una reñida elección, donde la diferencia entre el primer partido y el tercero era de apenas tres puntos porcentuales, Sanguinetti inició una serie de conversaciones con los liderazgos partidarios a los efectos de establecer reglas de negociación. No era fácil para el nuevo presidente resolver dicho dilema, pues su primera administración había estado precedida por los conocidos acuerdos de la CONAPRO (Comisión Nacional Programática), cuyos contenidos fueron dejados de lado, una vez iniciada la gestión. Sin embargo, la buena disposición y el diálogo con Volonté, Lacalle, Seregni y Michelini, permitieron un acuerdo básico inicial, que consistía en (i) instalar comisiones temáticas, (ii) participación de todos los partidos, y (iii) un plazo temporal de un mes para arribar a acuerdos.
De este modo, el 1º de febrero de 1995 se pusieron en marcha las comisiones de Seguridad Pública, Política Económica y Seguridad Social. Ocho días más tarde, se instalaría la comisión de Reforma Política. Cada partido definió delegaciones compuestas por cuadros políticos y técnicos. En los debates se observaron, desde luego, diferentes posiciones. En un extremo, se ubicó el Frente Amplio, cuya disposición a acordar en las áreas de economía, seguridad pública y seguridad social siempre estuvo en duda. En el otro extremo, estaba el Herrerismo, que esgrimía una posición escéptica respecto a la utilidad de acordar ideas genéricas y que por esa razón exigía al presidente electo la presentación de proyectos de ley debidamente redactados. No obstante, la mayoría de los sectores, es decir el Partido Colorado, las fracciones nacionalistas lideradas por Volonté y el Nuevo Espacio de Michelini, se mostraban dispuestos a construir acuerdos que permitieran viabilizar ciertas reformas.
El desarrollo de la negociación generó el resultado conocido. Por un lado, acuerdos sólidos que se materializaron en proyectos de ley que el Parlamento aprobaría un año más tarde (Ley de Seguridad Ciudadana y Reforma de la Seguridad Social). Por otro, la construcción de una coalición de gobierno, donde el Frente Amplio y el Nuevo Espacio quedaron excluidos dados sus desacuerdos. A su vez, la Comisión de Reforma Política continuaría trabajando durante el año 1995 y daría a luz la conocida reforma constitucional de 1996.
La experiencia demostró que la construcción de un ámbito negociador, en este caso la comisión, con reglas claras y precisas, favorece la negociación de acuerdos. No obstante, esa parece ser una condición necesaria pero no suficiente, porque el acuerdo exige también proximidad en las preferencias sobre políticas. Sanguinetti contó con un Partido Colorado dominado por su fracción y un socio moderado como Volonté. Esa situación facilitó la negociación de la coalición de gobierno.
Por tanto, nuestro próximo presidente tiene al alcance de la mano instrumentos brindados por la experiencia histórica uruguaya. No se necesita ir a ver como lo hacen en Chile, Brasil o Alemania, porque ya se ha hecho acá. Durante la campaña, la fórmula frenteamplista ya propuso cuatro políticas para acordar: educación, medio ambiente, política energética y seguridad pública. No estaría mal que el nuevo presidente inicie su gestión convocando al trabajo multipartidario en cuatro o más áreas como éstas, estableciendo comisiones de esa naturaleza. Un resultado positivo favorecerá el prestigio de la política y de sus principales actores, al tiempo que permitirá avanzar sobre otras áreas más complicadas como la coparticipación en los directorios de los Entes Autónomos o la integración de la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas.
23 de noviembre de 2009