Montevideo, 10 feb (PL) La Suprema Corte de Justicia (SCJ) uruguaya declaró inconstitucional la Ley de Caducidad para otro caso que investiga crímenes de la dictadura (1973-1985), señaló hoy la prensa local.
Esta decisión permitirá indagar el fusilamiento de cinco militantes del MLN-T (Tupamaros), trasladados en forma clandestina hacia Uruguay desde Argentina en diciembre de 1974, y otros casos de tortura y sustracción de menores, según las fuentes.
El 8 de noviembre de 1974 fueron detenidos en Buenos Aires Floreal García, Mirtha Hernández, Héctor Daniel Brum, María de los Ángeles Corbo y Graciela Estefanell, los que fueron sometidos a incesantes tormentos, recordó el diario La República.
Posteriormente, los cinco tupamaros fueron trasladados en forma clandestina a Uruguay en el denominado Vuelo Cero, en el marco de la concertación represiva de los países del Cono Sur, denominado Plan Cóndor.
El quinteto fue ejecutado en este país y sus cuerpos abandonados en la localidad de Soca, en el departamento de Canelones, distante 45 kilómetros de Montevideo.
La fiscal actuante en la causa Fusilados de Soca, Ana María Tellechea, pidió además inquirir sobre la desaparición del niño-recuperado Amaral García, hoy activo militante por la investigación de los crímenes del régimen de facto.
La abogada María del Pilar Elhodoy, responsable de la causa penal por los Fusilados de Soca, destacó la relevancia del fallo de la SCJ, al permitir examinar delitos de sustracción de menores y cambio de identidad.
Amaral García, hijo de Floreal García y Mirtha Hernández, fue entregado a una familia adoptiva y permaneció 10 años desaparecido hasta ser recuperado en 1985 tras una investigación de las Abuelas de Plaza de Mayo.
Elhodoy comentó que el dictamen de la SCJ permitirá también investigar el secuestro, traslado clandestino y suplicios de Julio Abreu, sobreviviente y testigo directo de las circunstancias que rodearon el crimen de Soca.
El 22 de diciembre de 1986, tras la caída de la dictadura, el Parlamento uruguayo aprobó la Ley de Caducidad, con los votos de legisladores de los partidos Blanco y Colorado, conservadores, y la oposición del Frente Amplio, ahora en el gobierno.
La legislación impide procesar y condenar a militares y policías que cometieron secuestros, torturas, violaciones de detenidas, asesinatos, ocultamientos de cadáveres y otros crímenes de lesa humanidad en el régimen dictatorial.
asg/wap
