La Justicia confirmó el embargo que había pedido la Dirección General Impositiva (DGI) por presunta evasión tributaria contra el contratista de fútbol Francisco Casal por 25 millones de dólares.
El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Segundo Turno resolvió el miércoles ratificar la sentencia de la jueza Loreley Opertti, quien el año pasado ordenó una medida cautelar de embargo al grupo dirigido por Casal.
Con los tres votos favorables de los ministros, la sentencia del Tribunal consideró “plenamente acreditada” la existencia de mora por parte de las empresas de Casal.
La Dirección General de Impositiva (DGI) le reclama el pago del Impuesto a la Renta de Industria (IRIC) y Comercio generado desde 1998 por la transferencia de futbolistas.
El director de la DGI, Nelson Hernández, en diálogo con El Espectador resaltó el hecho que la sentencia fue votada por todos los ministros y dijo que se descarta la posibilidad de que pudiera existir alguna adulteración de documentación, como afirmaba el contribuyente. “El Tribunal de Apelaciones, el cual confirma la validez, la vigencia de esa medida cautelar y de ese embargo genérico adoptado. Señalamos que esta es una decisión adoptada por unanimidad de todos los ministros integrantes del Tribunal, que, además, tiene un alcance mayor a lo que significa la confirmación del embargo de la medida cautelar adoptada, en la medida que se refiere también a descartar todas las posibilidades de que nos encontremos ante un acto nulo, en la medida que se descarta la posibilidad de que pudiera existir alguna adulteración en la documentación, como en algún momento planteó el contribuyente”, indicó.
El fallo, que hasta ayer había sido notificado solamente a la DGI, implica la existencia de deuda, la cual no fue saldada aún vencidos los plazos legales para ello. “Por otro lado, y además esto es importante y tiene que ver con el fondo del tema, se expide con claridad respecto a que las actividades productoras de rentas, que dan origen a la liquidación de tributos, están realizadas en Uruguay con utilización de capital y trabajo en el Uruguay. De esta forma, dejando bien en claro que las opiniones vertidas por distintos expertos respecto a este punto no se referían a esta situación concreta, sino a una situación teórica que no era aplicable a esta situación”, señaló.
La DGI sostiene que los empresarios deben pagar impuestos por su tarea de venta de jugadores de fútbol al exterior, mientras que estos sostienen que sus negocios, como se realizan fuera de territorio uruguayo, no están gravados.
El abogado Leonardo Costa, uno de los asesores de Casal, dijo a El País que la decisión del Tribunal de Apelaciones era "previsible".
Señaló que el fallo "no tiene demasiado efecto" para los intereses de su cliente, porque la última resolución deberá tomarla el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) una vez que la DGI determine efectivamente la deuda que mantendrían los empresarios.
