Este jueves se cumplen 20 años del referéndum que confirmó la ley de Caducidad. Al día de hoy, la Coordinadora Nacional por la Nulidad de la Ley de Caducidad recolectó 280.103 firmas, con lo que esperan que la Corte Electoral apruebe una consulta popular para el día en que se celebran las elecciones nacionales.
En tanto, avanza el esclarecimiento de algunos hechos ocurridos en dictadura luego que el presidente Tabaré Vázquez y los ministros de Defensa e Interior firmaran un mensaje esta semana dirigido a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en el que excluyen de la Ley de Caducidad a los asesinatos en 1976 de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz y los militantes tupamaros Rosario Barredo y William Whitelaw.
Además, el equipo de antropólogos dirigidos por José Luis López Mass comenzó los trabajos de excavación en el Batallón de Artillería Antiaérea Nº1, de Salinas, y en el Batallón de Ingenieros de Combate Nº 4 de Laguna del Sauce, en Maldonado.
Los Derechos Humanos están en el tapete: las excavaciones en estos dos predios militares, la campaña de anulación de la Ley de Caducidad, la decisión del Congreso del Frente Amplio de diciembre de anular la ley en un eventual segundo gobierno de la coalición y la decisión del gobierno de excluir de la Ley de Caducidad al caso Michelini-Gutiérrez Ruiz.
El 16 de abril de 1989, hace 20 años, triunfó el Voto Amarillo sobre el Voto Verde en un referéndum convocado para confirmar o derogar la Ley de Caducidad. El 56,7% de quienes votaron apoyaron la vigencia de la ley, mientras que el 41,84% apoyaron su derogación. Además, hubo 1,46% de votos en blanco.
La campaña de recolección de firmas superó el 10% del padrón electoral, una exigencia establecida en la Constitución.
El 10% del padrón electoral serían aproximadamente 250.000 firmas. Al día de hoy, según los datos que informó este jueves a El Espectador la Coordinadora Nacional por la Nulidad de la Ley de Caducidad, hay 280.103 firmas por lo que el requisito constitucional se superó.
Pero este fin de semana, los integrantes de la Coordinadora van a intentar llegar a las 300.000 firmas. El viernes de la próxima semana llevarán todas las papeletas a la Corte Electoral, según dijo a Luis Puig, integrante de la Coordinadora y miembro del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT.
“Este fin de semana todos a juntar las últimas 20.000. Totalmente seguros de que llegamos a las 300 pero aclaro que ya pasamos el límite establecido por la Constitución, el 10% del padrón, que anda alrededor de las 250.000. Hoy estamos en las 280.000 y estamos convocando este fin de semana a un ritmo de recolección que está muy alto en este momento a juntar las últimas 20.000 para entregar el próximo 24”, afirmó Puig.
La Corte Electoral siempre realiza un proceso de chequeo de las papeletas, que estén todos los datos, que las firmas coincidan con las firmas hechas en las credenciales cívicas, entre otros procesos. Esto lleva a que siempre se desechen papeletas, por errores voluntarios o involuntarios.
Puig no quiso aventurar un porcentaje de posibles papeletas anuladas, pero sostuvo que controlarán que “no se burle” la voluntad de la ciudadanía de convocar al referéndum.
Y reflexionando sobre los 20 años de aquel fracaso de quienes pretendieron derogar la Ley de Caducidad, Puig sostuvo que hoy hay “un contexto totalmente distinto” y que en esta consulta no va a haber amenazas de golpe de Estado o censura, que, dijo, ocurrieron en aquel 1989.
"Todo el cúmulo de amenazas, de deconocimiento de la soberanía popular que se hizo con las amenazas de golpe de Estado, con la censura, con evitar que la gente pudiera expresarse libremente hoy estamos en un contexto totalmente distinto donde ya no existe el miedo que creó la dictadura y los gobiernos que lo sucedieron y hoy la gente se está expresando libremente y sin dudas que va a ser un mensaje democrático de primer orden el hecho de anular la Ley de Caducidad. Creo que es un homenaje no sólo a las víctimas del terrorismo de Estado, creo que es una excelente noticia para la democracia y asegurar a las futuras generaciones de uruguayos que nunca más se vean expuestos a la dictadura y al terrorismo de Estado”, afirmó Puig.
Este jueves se conmemoran, además, 25 años del asesinato del médico Vladimir Roslik. El hecho ocurrió en el Batallón de Infantería Nº 9 de Fray Bentos, tras su secuestro junto al de otros residentes de la localidad de San Javier.
Por otra parte, Plenaria Memoria y Justicia lanzará una lista con más de 400 nombres de policías, militares y civiles, a los que identifica con los hechos de tortura durante la dictadura.
La organización realizará este jueves, desde la hora 18, una movilización desde la Plaza Cuba hasta la División Nº 1 del Ejército, ubicada en el cruce de Capurro y Agraciada.
El Poder Ejecutivo excluyó de la Ley de Caducidad a los asesinatos en 1976 de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz y los militantes tupamaros Rosario Barredo y William Whitelaw en Buenos Aires.
El mensaje enviado a la Suprema Corte de Justicia firmado por el presidente Tabaré Vázquez y los ministros de Defensa e Interior sostiene que los asesinatos ocurrieron “fuera del territorio nacional, donde tiene plena vigencia la ley penal extranjera”.
La abogada de la familia Michelini, Hebe Martínez Burlé, dijo que la decisión del Poder Ejecutivo permitirá indagar cuáles son los autores materiales de los asesinatos y los otros autores intelectuales, además del ex dictador Juan María Bordaberry y el ex canciller Juan Carlos Blanco.
“No nos olvidemos que coincidentemente se está desarrollando el juicio en Buenos Aires y la indagatoria por esos cuatro homicidios. Entonces también van salir elementos de este juicio y yo creo que las dos causas que están en este momento funcionando paralelamente van a dar luz a los hechos”, sostuvo Hebe Martínez Burlé.
Desde la Coordinadora Nacional por la Nulidad de la Ley de Caducidad, Puig celebró la medida, pero sostuvo que ningún caso debería estar amparado en la Ley de Caducidad, a la que calificó de “infame”.
“Ningún caso debería estar amparado por una ley infame que viola la Constitución de la República y viola todas las normas de los Derechos Humanos en el mundo. Son pasos que se están dando, también son consecuencia de que se tiene prestando una situación que realmente es de mucha participación, de mucha decisión de la gente de ir delante con una anulación de la ley”, enfatizó Puig.
