22 de mayo, 2009
El Gobierno presentó las recomendaciones formuladas a Uruguay en el marco del Mecanismo de Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El Canciller Fernández aclaró que las sugerencias fueron formuladas por los países miembros de Naciones Unidas sobre los derechos de mujeres, niños y adolescentes, la situación carcelaria y la instalación del Institución Nacional de Derechos Humanos.
El Ministro de Relaciones Exteriores, Gonzalo Fernández, quien presidió la delegación oficial en la presentación de la situación de los derechos humanos en nuestro país, que tuvo lugar el pasado 11 de mayo en Ginebra, explicó que este examen periódico sobre derechos humanos se instituyó a partir del año 2006 y es una instancia de revisión por la que atraviesan todos los estados miembros de las Naciones Unidas. Esta fue la primera vez que Uruguay debió someterse a este examen y deberá hacerlo nuevamente dentro de cuatro años.
Fernández negó las informaciones que referían a que Uruguay había sido objeto de fuertes críticas, ya que ni la ONU ni el Consejo de Derechos Humanos se expidieron. En esta instancia de revisión, fueron los distintos países quienes formularon sugerencias para mejorar la situación de los derechos humanos en Uruguay. Estas recomendaciones se realizan a todos los países que deben someterse a la instancia de revisión. Agregó que para el Estado que las recibe y la comunidad internacional estas sugerencias son un elogio.
El Canciller dijo que se trabaja para que en el mes de setiembre se presente un informe con la respuesta definitiva sobre el monitoreo y seguimiento de las recomendaciones que se formularon.
Enfatizó que al día siguiente del examen periódico Uruguay fue reelecto para ser miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, reelección para la que se necesitaban 90 votos y Uruguay obtuvo 173 votos sobre un total de 187, lo cual demuestra que nuestro país recibió recomendaciones y no un "aluvión de críticas" como se dijo en algún momento.
Los principales temas de las recomendaciones recibidas refieren a la puesta en marcha de la Institución Nacional de Derechos Humanos, la cual ya fue creada y que se pondrá en funcionamiento en el año 2010. Fernández explicó que específicamente se solicitó que esta Institución se instale definitivamente y comience a funcionar. Además, realizaron recomendaciones para proteger los derechos de la mujer, la discriminación y la violencia de género. Asimismo, exigen la protección de niños y adolescentes en conflicto con la Ley. Otras recomendaciones se relacionan con las personas privadas de libertad y la superpoblación en el sistema carcelario. Finalmente, el Canciller informó que surgieron recomendaciones genéricas que instan a continuar la lucha contra la pobreza.
La Senadora Margarita Percovich, integrante de la delegación en Ginebra, dijo que para solucionar parte de los puntos planteados sobre la mujer, la niñez y la adolescencia, es necesario realizar una reforma del Código Civil, para lo cual es difícil modificar un solo capítulo, por lo que la tarea de reforma de todo el Código deberá ser emprendida en la próxima legislatura.
En relación a la edad permitida para el matrimonio, informó que la semana próxima se presentará un Proyecto de Ley que establece condiciones dirimentes para el matrimonio. Se emparejará la edad de hombres y mujeres en 16 años y cuando se modifique el Código se pretende subir a 18 años.
Además, Percovich dijo que se realizó una recomendación respecto al tránsito de niños.
La Directora de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura, María Elena Martínez, dijo que a nivel internacional exigen a Uruguay trabajo sobre la infancia y adolescencia porque nuestro país se caracteriza históricamente por ser una de las naciones con mayor preocupación en estos temas.
Agregó que Uruguay recibió sugerencias para mejorar el trabajo sobre discriminación por discapacidad en niños y adultos mayores y por cuestiones raciales.
Martínez señaló que se debe tomar estas recomendaciones como el punto de inicio hacia un plan nacional de derechos humanos que deberá ser elaborado entre la sociedad civil, Gobierno y organismos dedicados al trabajo en esta área.
La Asesora en Materia Penitenciaria del Ministerio del Interior, María Noel Rodríguez, dijo que la presentación de Uruguay respecto al sistema carcelario estuvo enfocada en dos grandes puntos. En primer lugar se hizo referencia a la tortura, ya que algunos estados tenían interés en conocer el avance en la implementación de la Convención contra la Tortura en Uruguay. En tal sentido, se plantearon las medidas adoptadas en los últimos años, como ser la existencia y puesta en funcionamiento de tres mecanismos nacionales de prevención de la tortura, ellos son el Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario, el Comité de Observadores en el caso de niños y adolescentes privados de la libertad y el Inspector del Psicópata para los enfermos psiquiátricos.
Además, se explicó del avance que marcó la tipificación del delito de tortura y el ajuste en los reglamentos y procedimientos penitenciarios y la puesta en funcionamiento de la Dirección de Asuntos Internos en la órbita del Ministerio del Interior.
Rodríguez señaló que existen dos recomendaciones en materia de investigación ante conductas indebidas de parte del personal policial, por lo tanto solicitaron mejorar el acceso a mecanismos accesibles de queja para los detenidos en el caso de maltrato. La otra recomendación fue sobre la adopción de medidas para evitar la impunidad en las prisiones.
La Asesora destacó las medidas adoptadas por este Gobierno en relación al sistema penitenciario con el objetivo de instrumentar un proceso de humanización y dignificación de las condiciones de reclusión. Se compartió con el resto de los estados la inversión realizada para la construcción de nuevas plazas penitenciarias, el ingreso de funcionarios al sistema penitenciario, el incremento del número de reclusos que trabajan y estudian, permitiendo la rebaja de la pena.
Las recomendaciones realizadas en materia penitenciaria refieren básicamente a la mejora en las condiciones de reclusión, con énfasis en las condiciones de mujeres, niños y adolescentes privados de la libertad, instalar mecanismos que permitan enfrentar el hacinamiento en las cárceles y la clasificación de la población reclusa, separando a los procesados de los condenados.
Rodríguez dijo que el Gobierno ya se encuentra trabajando en estas recomendaciones, a partir de una fuerte inversión que permitirá otorgar 1.600 nuevas plazas carcelarias.
Finalmente, señaló que actualmente está ingresando al Parlamento un proyecto sustitutivo a la actual Ley de Penas Alternativas, lo que permitirá una mayor aplicación de medidas alternativas en aquellos delitos de escasa entidad.
La Directora de Derechos Humanos y de Derecho Humanitario del Ministerio de Relaciones Exteriores, Laura Dupuy, dijo que a nivel de niños y adolescentes se solicitó la mejora de las condiciones de privación de libertad y fundamentalmente utilizar esta opción como último recurso.
Además, se hizo referencia a la preocupación por la situación de explotación sexual de niños, niñas y adolescente. En tal sentido, se trabaja en planes que atiendan la explotación sexual comercial y no comercial.
Dupuy dijo que Uruguay también recibió elogios respecto a las políticas sociales que adoptó este Gobierno, como ser el programa de Aulas Comunitarias, el Plan Ceibal y el acceso al agua potable.
