Con el Programa de Compras Públicas para el Desarrollo el gobierno asegura a 140.000 mipymes la posibilidad de proveer al sector estatal, lo que representa unos US$400 millones. La Ley 18.362 establece una preferencia de precio que va del 8% al 16% y una reserva del mercado público cuyo techo es el 20%. En contrapartida, la empresa debe ingresar en un plan de mejora de asistencia técnica que termina en una certificación de calidad.
El director de Dinapyme, Pablo Villar, afirmó que este marco legal juega un rol fundamental como instrumento de política pública de promoción, fomento de la industria nacional y participación en las mismas de la Micro, Pequeña y Mediana empresa nacional.
“Nos parece que es un buen comienzo la utilización del poder de compra del Estado, que es importante, para beneficiar a sectores productivos nacionales y sobre todo diferenciando positivamente a las micro, pequeñas y medianas”.
El Programa de Compras Públicas para el Desarrollo cuenta a su vez con tres subprogramas: uno que trata del Programa de Compras Públicas para mipymes, por ahora es el que se reglamentó; el Programa de Compras para Pequeños Productores Agropecuarios y el Programa de Compras Públicas para Productos de Innovación y Desarrollo.
Villar explicó que “hasta ahora teníamos una preferencia industria nacional que iba sobre el precio y que llegaba al 8%, para toda la industria nacional ya fuera micro, pequeña, mediana o grande empresa.
Tanto nacional o internacional, todo lo que fuese industria nacional entraba en esa preferencia. Ahora eso ha cambiado, porque se incluye dos instrumentos que hacen, por un lado, al margen de preferencia en precio que es diferencial para micro, pequeña y mediana empresa. Es decir, incluye una diferenciación y una discriminación positiva en la compra pública para mipymes respecto a las empresas nacionales grandes. A esto se agrega lo que se llama la reserva de mercado”.
Dijo que según los convenios internacionales, por ejemplo en el marco de la OMC (Organización Internacional de Comercio), los gobiernos no pueden reservar más de un 20%.
Al respecto explicó que nuestro país, entonces, tiene como horizonte el 20% aunque la reserva de mercado sale por primera vez para un 10%, porque “no tenemos idea de lo que es el nivel de compras públicas”, debido que las compras públicas se hacen por institución y no por la compra pública general.
El Programa de Compras Pública tiene, en lo que Villar define como “otro beneficio”, una contrapartida de la empresa: tiene que ingresar en un programa de plan de mejora de asistencia técnica que termina en una certificación de calidad.
De esta forma se paga toda la asistencia técnica -diagnóstico, plan de mejora, horas de consultoría, servicios empresariales, etcétera- para que “esa empresa no solo mejore y el Estado tenga cada vez un proveedor más sostenible, sino que como corolario de ese plan termina con una certificación de calidad lo que además prepara a la empresa no solo para venderle al Estado sino que puede eventualmente salir al exterior“, dijo.
Sin embargo, aclaró que como existen distintas potencialidades o posibilidades en el sector empresarial, esto llevó a cierta discriminación positiva: se diferenció hasta cinco años -tres de plan de mejora y con dos de certificación- para las micros y pequeñas.
Y con dos plan de mejora y uno de certificación para las empresas medianas considerando que son estructuras productivas que ya tienen otra escala y pueden tener avanzados algunos trabajos en certificación y porque además, tienen mayor potencialidad para abordar la tarea.
Villar explicó que cuando se habla de Mipymes “en general se habla del 98% del tejido empresarial uruguayo”, lo que significa de alguna forma unas 130 o 140 mil empresas.
Dijo que además de este instrumento hay que crear otras herramientas periféricas que hagan que los ordenadores del gasto y las instituciones compradoras públicas generen formas de pago “más amigables” para las Mipymes. “Este es un sector donde están prácticamente al día en sus ingresos y egresos, y no pueden esperar 30, 40, 60 o 90, o 180 días para cobrar un trabajo. Es decir, debemos crear también algunos instrumentos de crédito o de “factoring” que haga que cuando la empresa entrega y el Estado no paga a 30 días, se le pueda descontar esa factura a tasas razonables y algunos instrumentos de crédito que sustituyan la posibilidad de acopio para que esas empresas puedan comprar sus materiales o insumos para hacer las fabricaciones”, dijo.
Por otro lado, dijo que también deberá realizar un trabajo – lo que ya se empezó a hacer con las Intendencias- en lo que hace a la adecuación y la mejor planificación de las compras. Ello, para que los pedidos de compra o bien salgan en cantidades más importantes para estos sectores empresariales, o salgan como compras anuales pero con entregas parciales que posibiliten a estas empresas presentarse a una licitación y cumplir.
