Varias organizaciones denunciarán al Estado ante la CIDH. Afirman que la despenalización viola el Pacto de San José de Costa Rica. Impulsan un referéndum revocatorio
"Entendemos que el camino que se debe recorrer es la impugnación de la norma ante esta organización (la Comisión Interamericana de Derechos Humanos)", confirmó a la agencia ANSA el diputado del opositor Partido Nacional (blanco), Gerardo Amarilla, impulsor principal de la iniciativa.
Según el legislador, la ley aprobada la semana pasada por la Cámara de Senadores y promulgada por el presidente José Mujica "estaría desprotegiendo los derechos humanos del concebido, que son reconocidos por el Pacto de San José de Costa Rica".
La Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San José de Costa Rica, establece en su artículo primero que "toda persona tiene derecho a que se respete su vida, este derecho estará protegido por la Ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente".
De acuerdo a Amarilla, la Ley de Despenalización del Aborto "contradice la letra y el espíritu del pacto", por lo que dentro de un plazo de seis meses se puede impugnar la norma ante la CIDH.
Dijo además confiar en que "organizaciones y juristas de prestigio se sumen a la iniciativa", aunque prefirió no mencionarlos por el momento, al tiempo que consideró que "la campaña para convocar a un referéndum derogatorio y la demanda ante la CIDH puede ser dos caminos paralelos".
Las urnas mandan
El Partido Nacional lanzó la semana pasada una campaña de recolección de firmas para derogar la norma, aprobada por 17 votos en 31, con 16 a favor por parte de la coalición de izquierdas en el gobierno, Frente Amplio, y uno del senador blanco Jorge Saravia.
La convocatoria a un referéndum implica la necesidad de juntar el 25% de firmas del padrón electoral, más de 650.000, o en su defecto, una "vía rápida" que implica recolectar 12.000 firmas dentro del año de promulgada la ley, para luego convocar a una instancia donde deberá concurrir a las urnas el 25% del padrón.
Si esa cifra no se consigue, habrá otra instancia igual al mes siguiente y en caso de no alcanzarse el número de votos, la ley quedará automáticamente ratificada, pero si se logra, se convocará finalmente al referéndum.
El Partido Demócrata Cristiano (PDC), fundador del Frente Amplio e históricamente contrario a la despenalización del aborto, conformó una comisión para estudiar un posible apoyo a la derogación.
La ley sigue su camino
Mientras tanto, el Ministerio de Salud Pública comenzó a trabajar en la reglamentación de la ley, que estará pronta en 30 días y en la que se regularán los métodos de interrupción de embarazos, en principio tres; dos mediante fármacos y uno por aspiración intrauterina.
La ley, que apunta a reducir unos 33.000 abortos clandestinos por año, prevé la interrupción del embarazo hasta la decimosegunda semana de gestación "por la sola voluntad de la mujer".
Fuera de ese plazo, la norma autoriza la realización de abortos en mujeres que han sufrido una violación y quedaron embarazadas, en caso de malformaciones fetales incompatibles con la vida intrauterina y que se detectan con posterioridad a la decimosegunda semana y cuando la mujer corre riesgo de vida a causa del embarazo.
La despenalización del aborto comenzó a discutirse en 1985, tras la salida de la dictadura, cuando el diputado del Partido Colorado, Víctor Vaillant, presentó un proyecto de ley, tras el cual se propusieron otras seis iniciativas que ninguna fue aprobada.
En noviembre de 2008, el entonces presidente Tabaré Vázquez, de profesión médico, vetó un capítulo de la Ley de Derechos Sexuales y Reproductivos que despenalizaba el aborto y tras aquella observación, la Asamblea General no pudo alcanzar la mayoría necesaria para levantar ese veto.
Fuente:http://america.infobae.com/notas/60358-Demandan-a-Uruguay-en-la-OEA-por-ley-de-aborto
