14.11.2011
La semana pasada nos correspondió informar al Senado para su aprobación el Convenio Suprimiendo la Exigencia de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros, conocido como “Tratado de la Apostilla”.
El mismo fue aprobado y su objeto es suprimir la exigencia de legalización diplomática o consular para los documentos públicos extranjeros. La Apostilla es un sello o certificación oficial de que el documento que la luce es una copia original.
Los países que tienen este convenio vigente son 103 en el mundo y, sin duda, el tener la posibilidad de incorporarnos a este colectivo simplificará los trámites de las personas de forma sustantiva. Uruguay todavía no había adoptado este sistema pero lo estará haciendo a partir de la promulgación de esta ley.
Del Tratado ya son parte todos los países europeos, y en las Américas, Argentina, Australia, Colombia, Ecuador, México, Perú y Estados Unidos.
Para nuestra patria peregrina esto será un avance sustantivo. Este ha sido uno de los planteos que han hecho desde el año 2009 los Consejos Consultivos en los que se organizan nuestros compatriotas en el exterior. Este cambio significa que no deberán tener la secuencia de legalizaciones sucesivas, con los tiempos y los costos que ello implica para las personas que deben llevarlas adelante.
De igual manera, los documentos que son expedidos en el extranjero y deben ser legalizados ante los consulados uruguayos, en la medida en que se encuentren en países signatarios de este Tratado también serán comprendidos por este beneficio jurídico.
Actualmente, la legalización de documentos para su presentación ante terceros Estados implica su pasaje por una serie de procedimientos de certificación y legalización, dificultando su circulación y enlenteciendo considerablemente trámites que muchas veces son de carácter urgente e indispensable para quienes los realizan, ya sean particulares o empresas, organizaciones y otras instituciones.
Sin la apostilla, nuestro país se encontraba en una clara situación de desventaja frente a aquellos 103 Estados que, han comprendido que en un mundo en donde la circulación de personas se ha acelerado vertiginosamente, es necesario simplificar y dinamizar los procedimientos burocráticos.
Somos un país que tiene en la actualidad un número muy importante – 600.000 aproximadamente- de ciudadanos en el exterior. Tenemos hoy la posibilidad de beneficiar a aquellos compatriotas que residen en el extranjero así como tenemos también la responsabilidad de dar adecuada respuesta a las necesidades de aquellos ciudadanos extranjeros que residen en nuestro país.
Se ha planteado la posibilidad de que con esto se genere una suerte de inseguridad en los documentos emitidos. Sin dudas, cualquier sistema de emisión de documentos es susceptible de ser vulnerado. La apostilla tiene un registro por el cual, ante la eventualidad de una situación inconveniente, puede detectarse el lugar donde ocurrió. Por lo tanto, desde el punto de vista de la seguridad, de las garantías, no hay ninguna duda de que tiene las mismas de otros sistemas y que ellas se suman a las ventajas en cuanto a los tiempos y las economías.
También se nos podrá decir que con las sucesivas legalizaciones nuestros consulados obtenían recursos; sin duda, eso va a seguir siendo así en aquellos países que no son signatarios del Tratado de la Apostilla, aunque habrá que prever de qué forma se subsanan esas economías en los consulados de los países que están entre los 103 que suscribieron el Tratado.
Es evidente que en un mundo en el que las personas se movilizan con mucha facilidad, tanto a nuestros compatriotas en el exterior como a los extranjeros que vienen a radicarse en nuestro país o a realizar inversiones les va a resultar importante que podamos tener esta suerte de reforma del Estado en este ámbito en particular, ya que el Estado no les hará gastar tiempo y dinero e, incluso, no las hará perder oportunidades por tornar complejos los trámites, ya que, en definitiva, vamos a estar dando las mismas garantías al ser parte del Tratado de la Apostilla.
Montevideo 11 de noviembre de 2011.
Fuente: http://www.uypress.net/uc_21813_1.html
