DANIEL ISGLEAS
Uno de cada tres uruguayos que retorna a residir al país se trae su automóvil, lo que añade unos cien vehículos por mes al tránsito montevideano, según datos de los registros del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Entre 300 y 350 uruguayos que vuelven al país, principalmente desde España, pasan cada mes por la oficina del Retorno y Bienvenida del Ministerio de Relaciones Exteriores con el propósito de regularizar su situación y acceder a los beneficios que el gobierno articula para la corriente de nuevas radicaciones en el país.
De ellos, alrededor de un centenar realiza los trámites para poder ingresar el vehículo de su propiedad que utilizó en el país donde estaba radicado, facultad que está permitida por la ley 18.250.
El canciller Luis Almagro y el director de Asuntos Consulares y Vinculación de la cancillería, Andrés Peláez, informaron a la comisión de Asuntos Internacionales de Diputados que la regularización mensual de esos vehículos traídos del exterior por sus propietarios uruguayos que deciden volver a vivir en el país, es la "clave" que "da una pauta del volumen de compatriotas que retornan" en estos tiempos.
Según dijo a los legisladores el embajador Peláez, las cifras "hablan claramente de que el número de compatriotas que retornan ha aumentado significativamente" en los últimos meses. El año pasado el promedio mensual era de 200 y ahora "estamos hablando de alrededor de 300 o 350 personas que pasan por la Oficina del Retorno y Bienvenida", indicó.
Con el fin de atender sus necesidades en este "segundo desarraigo", según valoró Almagro en la reunión, la cancillería hace un trabajo interinstitucional que, si bien se reconoce como "algo difícil", ha dado algunos frutos.
Por ejemplo, el embajador Peláez afirmó que se hizo un acuerdo con el Ministerio de Salud Pública por el cual los compatriotas que retornan acceden a un año de asistencia pública, y otro convenio con el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente para asegurarles una garantía para el alquiler.
EL AUTO. La ley 18.250 establece en su artículo 76 que todo uruguayo con más de dos años de residencia en el exterior que decida retornar al país, podrá introducir libre de todo trámite cambiario y exento de toda clase de derechos de aduana, tributos o gravámenes conexos los bienes muebles y efectos que alhajan su casa habitación; las herramientas, máquinas, aparatos e instrumentos vinculados con el ejercicio de su profesión, arte u oficio; y por única vez un vehículo automotor de su propiedad.
La misma disposición establece que la persona no podrá vender el vehículo por cuatro años a contar desde su ingreso al país.
La persona que regresa al país y trae su vehículo debe pagar el transporte (flete) al puerto, la empresa marítima en Uruguay, el despachante de aduanas, el depósito portuario particular y el posterior transporte del vehículo hasta su domicilio.
Entre la documentación que necesitan quienes deseen ingresar un vehículo de su propiedad al país se requiere una declaración jurada personal en donde conste la decisión de retornar al país y de radicarse definitivamente en él.
La reglamentación de la ley indica que el vehículo debe ser empadronado directamente por el propietario en el departamento donde residirá en un plazo no superior a los treinta días de liberado por Aduanas.
El requisito legal de tener al menos dos años de residencia en el exterior para poder traer el vehículo puede ser una de las causas por la que apenas un tercio de todos los que se presentan en la oficina de Bienvenida y Retorno, formalice el trámite de ingresar su vehículo.
Otra situación más difícil es la de los deportados, que desde diciembre a agosto de este año sumaron unos 120, procedentes principalmente de Estados Unidos, explicó el canciller.
"Nuestra intención es dar el máximo apoyo a la persona que fue deportada, a fin de que ese hecho no se transforme en un estigma en la vida de ese uruguayo y que no llegue con una mancha sino que sea recibido y atendido en función de sus necesidades y sin dramatizar el caso", dijo Almagro.
Y agregó en la comisión que el gobierno espera "que esos derechos que tenemos todos, que son civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, también los tengan los deportados, y sean plenamente respetados".
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