AFP
Fecha: 09/22/2011
La central sindical uruguaya y un conjunto de organizaciones de derechos humanos presentaron el jueves ante el Parlamento un proyecto que pretende dejar sin efecto el plazo de prescripción de los delitos cometidos durante la última dictadura (1973-1985).
La Suprema Corte de Justicia uruguaya juzgó en dos oportunidades que los crímenes cometidos durante el régimen dictatorial son homicidios, no delitos de lesa humanidad, por lo que prescribirían en pocos días.
"El proyecto intenta establecer un marco donde se dé cumplimiento cabal a lo que ordena la Corte Interamericana" de Derechos Humanos (CIDH), dijo a la AFP el dirigente sindical Washington Beltrán.
"En este sentido los compromisos asumidos por el Estado uruguayo a nivel internacional son vínculantes, por eso se debe promover que la justicia actúe libremente", agregó
La CIDH ha ordenado a Uruguay a investigar y sancionar las desapariciones forzadas durante la dictadura, por considerar que la ley local que lo impide carece de valor jurídico.
La llamada "Ley de Caducidad" fue aprobada en 1986 y obliga a la justicia a consultar al Poder Ejecutivo qué casos ocurridos en la dictadura puede investigar.
La propuesta presentada por la PIT-CNT (que agrupa a todos los sindicatos uruguayos), organizaciones de derechos humanos y familiares de desaparecidos pretende "sensibilizar a la población sobre el tema y que la Asamblea General (Parlamento) reconozca el valor obligatorio de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos", explicó Beltrán.
El representante sindical señaló que tras la presentación del proyecto se llevarán a cabo una serie de reuniones con parlamentarios para explicar sus alcances y lograr que ingrese formalmente al Parlamento para ser considerada.
La ciudadanía fue consultada en 1989 y 2009 sobre la derogación de la ley, pero no se alcanzaron los votos necesarios. Asimismo, en mayo pasado el gobernante Frente Amplio fracasó en su intentó de anular la ley por la rebeldía de uno de sus diputados, que no le permitió conseguir el número de apoyos que precisaba.
Tras el fallido intento, el presidente uruguayo, el exguerrillero José Mujica, firmó un decreto que permite la reapertura de cerca de 80 investigaciones.
Durante la dictadura militar desaparecieron casi 200 opositores, en su mayoría en la vecina Argentina en el marco del Plan Cóndor, que permitía la colaboración entre los militares de los países de la región.
gfe/pap
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