DANIEL ISGLEAS
En los primeros ocho meses de 2011, Estados Unidos deportó la misma cantidad de uruguayos que en todo el año 2010, según cifras de la Cancillería. Uruguay, frente a normas legales estrictas, al menos está gestionando que haya un trato "más decoroso" y "humanitario" para los connacionales en situación irregular.
El gobierno busca, mediante el diálogo diplomático con los responsables del departamento de Migración de Estados Unidos, atenuar las consecuencias de la aplicación de la legislación estadounidense que está alcanzando progresivamente cada año a más uruguayos que viven en aquel país, en muchos casos con hijos nacidos allí.
En el año 2010, un total de 77 personas fueron deportadas, el 90% de las cuales residía en forma ilegal en Estados Unidos. Esta cifra ya fue prácticamente alcanzada hoy dado que a fines de agosto 76 personas fueron devueltas al país por la misma causa, y en este caso también el 90% procedente de Estados Unidos, en particular de los estados de Florida y New Jersey, según informó en el Parlamento una delegación del Ministerio de Relaciones Exteriores.
EN RESERVA.
El miércoles 14, una comitiva de la cancillería integrada por el subdirector general de Asuntos Consulares y Vinculación, Jorge Muiño; el director de Vinculación, Gerardo Pérez; el director para Asuntos Consulares, embajador Joaquín Píriz; el subdirector de Relaciones Institucionales, consejero Alfredo Raggio Lafone, y la encargada de la Oficina de Retorno y Bienvenida, Ana María Sosa, presentó ante el Parlamento las cifras oficiales sobre ciudadanos uruguayos deportados, en una reunión con la comisión de Asuntos Internacionales de Diputados en la que pidió expresamente que fuera "reservada" y en consecuencia que se levantara la toma de la habitual versión taquigráfica.
La idea de la delegación oficial era que la información "no llegue a la prensa" y que de ese modo "se transforme en algo mediático", explicó el subdirector Muiño antes de comenzar a exponer sobre la situación.
En ese contexto, los jerarcas de la cancillería explicaron a los legisladores que cuando un uruguayo ilegal es detenido, se lo esposa, queda incomunicado y se envía a una comisaría especial del departamento de Migraciones y se le da intervención al consulado uruguayo en el lugar.
Eso da lugar a "situaciones dolorosas" por la separación inmediata de sus familias, sin derecho a nada en aplicación de las leyes locales vigentes, dijeron a El País participantes de la reunión.
Las autoridades del Ministerio pidieron reserva a los legisladores sobre los aspectos centrales del informe, además, debido a que se están haciendo gestiones diplomáticas ante las autoridades norteamericanas.
"Se está empleando la vía del diálogo", dijeron los diplomáticos, según las mismas fuentes.
En este caso y debido a que Estados Unidos aplica su legislación sobre inmigración -en forma general y no solo con los uruguayos- las gestiones que puede hacer la diplomacia uruguaya están bastante limitadas, quizás a conseguir un "trato decoroso, más humanitario" para los deportados, se dijo en la comisión.
TENSIÓN.
En la reunión, Muiño precisó que se genera una situación de "mucha tensión, emocional muy dura" y que "no tiene remedio". En el caso de los ilegales que tienen familias, en particular hijos nacidos en territorio estadounidense, no se aplicaría estrictamente la deportación para las madres.
Los legisladores calificaron como "compleja" la situación
Fuente: Diario El País (Uruguay)
