"El Gobierno presentará el jueves 16 de agosto los pliegos internacionales para la construcción de una planta regasificadora a dos kilómetros de la costa de Puntas de Sayago", informó el director Nacional de Energía, Ramón Méndez. El proyecto tendrá un costo aproximado a los US$ 400 millones. Hay más de veinte empresas interesadas.
Miércoles 15 de agosto de 2012 | 2:07
José Mujica
El jerarca del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) sostuvo que una vez instalada la planta, Uruguay podrá comprar a más de 20 proveedores internacionales de gas natural. “Nos liberamos de la situación regional pero podremos trabajar en un marco de integración, porque si Argentina quiere participar nosotros podemos ofrecerle el gas que entre por la regasificadora, dado que la conexión ya está hecha. No estamos para nada cerrados”, comentó.
La operativa de la planta consiste en tratar el gas natural licuado que llega en barcos de diferentes países. La planta regasifica y envía el producto a tierra firme en forma de gas natural. Un vez que se licuó ocupa 600 veces menos volumen que cuando está gaseoso, se envía por barco al país que lo quiera comprar y en destino se regasifica.
El jerarca adelantó que, simultáneamente, se está trabajando con Bolivia en un “gasoducto virtual” —bajar el gas por barcazas a través de la hidrovía para complementar el proyecto de regasificadora de Montevideo—. “Sería un apoyo ya que Bolivia tiene poco excedente”, puntualizó. No obstante, según Méndez, los proveedores más interesantes para Uruguay se encuentran en la Cuenca del Atlántida: Trinidad y Tobago, Angola y Nigeria.
“Si Uruguay tuviera hoy gas natural —añadió— podría llegar a consumir hasta tres millones de metros cúbicos por día y cuando la planta esté disponible, se podrá consumir hasta cuatro millones y medio por día en algunos momentos de consumo pico. Queremos ir hacia algo mucho más dúctil que es el gas natural, que tiene mucho menos impacto ambiental, gran cantidad de proveedores en el mundo, que hoy se puede trasladar a través de barco con lo cual nos independizamos de la región, que es muy importante para nuestra soberanía energética. El gas natural no sólo se utiliza para generar electricidad sino también es utilizado en los hogares para calefaccionarse, para cocinar, además de su uso a nivel industrial”.
Méndez hizo un repaso del proceso que llevó a la decisión final de construir una planta regasificadora cien por ciento nacional. “Se habló mucho de la planta regasificadora; durante muchos años hubo una apuesta del país, del gobierno anterior y del actual de intentar hacer una planta conjunta con Argentina. Lamentablemente a pesar de los muchos esfuerzos siempre faltaba una cosita, algún papel para firmar para poder concretarlo y la realidad es que necesitamos esta planta, hubiera sido fantástico hacerla con Argentina, no nos bajamos de la posibilidad de que en un futuro Argentina participe, pero la tenemos que hacer sí o sí”, puntualizó.
“En marzo de este año se nos dió luz verde para tratar de lanzar la planta cien por ciento uruguaya si fuera necesaria. Y en un tiempo récord, en cuatro meses, se redefinió completamente el modelo de negocios, se hicieron cuatro estudios internacionales, trabajamos juntos cinco ministerios y tres empresas públicas, una tarea titánica. Y ya estamos lanzando los pliegos internacionales para el proceso de instalación de la regasificadora”, concluyó Méndez.
Puerto profundo en Rocha
El Ministerio de Transporte y Obras Públicas llamó a interesados en participar del Data Room relativo al diseño, construcción, operación y financiamiento del proyecto “Puerto de Aguas Profundas”. Las expresiones de interés a las que se refiere la convocatoria participarán en el procedimiento denominado “Data Room”, que el MTOP promueve, básicamente a efectos de presentar el referido proyecto portuario.
Este procedimiento constituye una instancia de interacción preliminar con los potenciales interesados, que no forma parte del procedimiento competitivo que se convocará para la adjudicación y posterior desarrollo del proyecto sobre la base de un contrato de Participación Público-Privada (PPP) regulado en la Ley 17.876.
