Movilización. Compatriotas en España impulsan la eliminación del Certificado de Buena Conducta.
El vocero del Centro Uruguayo en Madrid, Juan Sotelo, dijo que existe preocupación entre los compatriotas residentes en España y también en otros países, por las dificultades que les ocasiona el requisito de tener que presentar el Certificado de Buena Conducta para la renovación del pasaporte. Piden su eliminación.
En tanto, el director de Asuntos Consulares y Vinculación de la Cancillería, Carlos Flanagan, dijo que el gobierno estudia habilitar la consulta del documento vía Internet, lo que permitirá ahorrar tiempo y dinero a los uruguayos que viven fuera del país.
En diálogo con LA REPUBLICA, vía telefónica desde Madrid, Sotelo señaló que el tema despierta "gran sensibilidad" entre las distintas asociaciones de uruguayos que viven en Europa, Australia y Estados Unidos, las que se han mantenido en contacto por este asunto.
Según el Portal del Estado Uruguayo, uno de los requisitos para obtener o renovar el pasaporte es tramitar el Certificado de Antecedentes Judiciales o Certificado de Buena Conducta, que es "el documento por el cual se certifica la existencia o no de antecedentes judiciales en el territorio nacional". La expedición del documento está a cargo del Departamento de Certificaciones de la Dirección Nacional de Policía Técnica, dependiente del Ministerio del Interior.
En la página web, se indica que si el ciudadano se encuentra en el exterior, el trámite se realiza "enviando a una persona que lo represente con fotocopia de la Cédula de Identidad, para comenzar el trámite". El certificado tiene una vigencia de 90 días y, a los residentes en el extranjero, se les envía directamente a la oficina consular que corresponda.
Sotelo dijo que "el certificado de buena conducta se viene pidiendo desde la época de la dictadura. Es una vieja historia, porque en aquel entonces lo que se buscaba era restarle posibilidades de movilización a los opositores al régimen uruguayo que vivían en el exterior".
El certificado de antecedentes judiciales o de buena conducta fue instaurado el 2 de diciembre de 1980, a través del Decreto del Poder Ejecutivo Nº 630 y sustituyó al Certificado de Fe Democrática, que clasificaba a los ciudadanos como de clase A, B o C.
"Totalmente caduco"
Según Sotelo, "ese certificado se pedía en casi todos los países de América Latina, pero hace muchos años que los distintos países han dejado de utilizarlo. Nosotros creemos que a esta altura está entorpeciendo nuestra situación a la hora de realizar cualquier trámite".
"Hay uruguayos que no tienen ningún documento del país donde residen y con lo único que se movilizan es con el pasaporte. Si no está vigente, deben pedir el Certificado de Buena Conducta, que además se vence a los 3 meses".
"Acá en España hay lugares, por ejemplo Islas Canarias, donde no hay cónsul uruguayo, sino que se traslada desde otro lugar o la gente viaja hasta donde está el cónsul; muchas veces no coinciden los tiempos y cuando uno va a renovar el pasaporte, el Certificado de Buena Conducta ya está vencido. Hay que tener en cuenta que a veces el cónsul visita cada seis meses un lugar donde hay uruguayos".
Sotelo lamentó que miles de compatriotas que no tienen antecedentes judiciales, tienen que estar demostrando su inocencia ante las autoridades uruguayas y españolas. "Es lamentable que para poder renovar un pasaporte tengamos que justificar que no somos culpables de ningún delito. Sabemos que en la época de la dictadura los consulados tenían listas de personas a las que no le podían renovar el pasaporte, pero hoy eso está totalmente caduco", enfatizó.
"Otro problema es que muchos uruguayos que están en el exterior no tienen a nadie que pueda renovarles el certificado en nuestro país, no tienen parientes o amigos, o los que tenían han fallecido, entonces, lo único que esto provoca es que se complique cualquier gestión. Más allá de que el trámite tiene un costo de 45 euros, lo más importante es que los tiempos van en contra nuestra", argumentó.
"Hay que encontrar una solución práctica"
El director de la Dirección General para Asuntos Consulares y Vinculación del Ministerio de Relaciones Exteriores (RREE), Carlos Flanagan, dijo que figura en la agenda de las autoridades encontrar una "solución práctica" para esta problemática.
El titular de la repartición, también conocida como Departamento 20, señaló a nuestro matutino: "Tenemos la voluntad de mantener reuniones con las autoridades competentes, para ver cómo solucionamos de la mejor manera el tema del Certificado de Buena Conducta. Eliminar el trámite no es posible, porque la consulta de los antecedentes judiciales hay que mantenerla por controles de seguridad, pero quizás lo que sí se puede eliminar es el papeleo, el costo y el envío al exterior, que son cuestiones burocráticas".
"Lo importante es que ya tenemos agendadas reuniones para analizar si, por la vía informática, se puede realizar una consulta on line de los antecedentes y con eso se logra el objetivo, no se pierde tiempo y se ahorran costos para el compatriota", explicó Flanagan.
El jerarca dijo que las autoridades están repasando distintos temas relativos a la documentación que los compatriotas necesitan en el exterior y este es uno de los asuntos que conforman la agenda. A modo de ejemplo, señaló que en materia de pasaportes hay una nueva normativa internacional que exige que el documento tenga una banda de seguridad. Eso ya se cumple para los pasaportes que se emiten en nuestro país, pero no así para los que se expiden en los consulados y embajadas uruguayas en el exterior.
"Una posibilidad para el certificado de buena conducta sería la consulta on line, pero tenemos que tener conversaciones con los técnicos" de las oficinas encargadas de la emisión, en este caso, de la Dirección Nacional de Identificación Civil y de la Policía Técnica, ambas dependientes del Ministerio del Interior. También deberán participar autoridades y técnicos de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y el Conocimiento (Agesic).
"Tenemos que encontrar una solución que sea práctica. Lo que trataremos es de evitar el papeleo, que insume tiempo, costos y en definitiva no ayuda", explicó Flanagan. (La República)
