URUGUAY-CIDH-SARA MENDEZ
Montevideo, 21 (Télam, Juan José Salinas, enviado especial).- La ex presa política uruguaya Sara Méndez, detenida en Buenos Aires en 1976 junto con María Claudia García y su marido Marcelo Ariel Gelman, dijo que el reconocimiento por parte del Estado uruguayo de su responsabilidad en la desaparición del matrimonio argentino es resultado "de una larga lucha que trasciende al caso Gelman e involucra a muchos detenidos-desaparecidos"
"Este es día muy especial, un paso muy importante que da el Estado uruguayo, el corolario de una larga lucha que trasciende al caso Gelman e involucra a muchos detenidos-desaparecidos. Y tenemos muchas esperanzas de que inicie un camino de reversión de la impunidad que ha imperado hasta ahora en Uruguay", dijo Sara Méndez en la explanada del Congreso a todo quien quisiera oírla.
La mujer fue secuestrada en Buenos Aires junto a su bebé en 1976 y conducida al centro clandestino de detención conocido como "Automotores Orletti", en el barrio de Floresta, al que también fueron llevados el 24 de agosto de ese año Claudia García, embarazada de siete meses, y su marido Marcelo Ariel Gelman.
Marcelo Gelman fue torturado y asesinado, y su cuerpo fue arrojado con el de otros detenidos-desaparecidos, dentro de barriles de petróleo rellenados de cemento en un canal de San Fernando, mientras Claudia era llevada a Uruguay, al decir de Juan Gelman, en calidad de "envase".
En cambio, Sara Méndez fue, como otros prisioneros, llevada a Montevideo y "legalizada" como presa política.
Por boca de su presidente, José Mujica, el Estado uruguayo se comprometió hoy a lograr “la ubicación definitiva de los restos de María Claudia García Iruretagoyena de Gelman y a individualizar a los responsables de su asesinato”.
Fue en un solemne acto realizado en el Palacio Legislativo en el curso del cual proclamó su total acatamiento a un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Lo escuchaban atentamente, desde un palco ubicado a su derecha, el poeta Juan Gelman y su nieta Macarena –respectivamente suegro e hija nacida en cautiverio de la joven desaparecida y asesinada-, quienes litigaron contra el Estado uruguayo por denegación de justicia ante la CIDH, con sede en San José de Costa Rica.
El tribunal internacional falló a su favor el 24 de febrero del año pasado, y una de las condiciones que le impuso al Estado uruguayo fue, precisamente, la realización de este acto.
Tras criticar a la llamada “Ley de Caducidad de la Pretensión punitiva del Estado” que, dijo, “ha obstaculizado la investigación y el esclarecimiento” del caso, el presidente Mujica reconoció la “responsabilidad institucional” del Estado en la desaparición forzada de Claudia García y en la supresión de la identidad de su hija (que creció creyendo ser la hija biológica de un comisario) durante 24 años.
“El Estado ha dado y seguirá dando pasos firmes para reparar este daño”, finalizó enfáticamente su alocución el presidente uruguayo, único orador de lo que oficialmente se denominó “Acto público de reconocimiento de la responsabilidad institucional” del Estado uruguayo en los referidos sucesos, y la prensa llamó “acto del (pedido de) perdón”.
“Es una paradoja que sea el presidente Mujica, que fue víctima de la dictadura militar, quien haya tenido que reconocer, desde ya que no en nombre de su gobierno sino del Estado, la responsabilidad de los victimarios”, dijo Gelman a los periodistas al término del acto, al que asistieron los jefes de las tres fuerzas armadas.
El discurso de Mujica fue largamente aplaudido por el público que llenaba las bandejas del hemiciclo, pero no por los jefes militares.
Solamente el de la Marina, contralmirante Alberto Caramés, aplaudió brevemente hasta que se dio cuenta de que sus pares, el general Pedro Aguerre y el brigadier Washington Martínez, no lo hacían.
Los ex presidentes Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle y Jorge Batlle declinaron asistir. Del mismo modo, los partidos de oposición, el Colorado y el Nacional o Blanco no participaron como tales, aunque hubo legisladores de ambos (más del segundo que del primero) que si lo hicieron.
A último momento, el Partido Colorado puso como condición para su asistencia tener un orador, pero el presidente Mujica le hizo saber que se trataba de un acto de desagravio a los Gelman, y éstos tal como era de prever no quisieron prestarse a la maniobra.
Mientras los jefes militares se abstenían de aplaudir y la inmensa mayoría del público enrojecía las palmas de sus manos, el diputado blanco Pablo Iturralde las extendía como un Cristo Crucificado, dejando claro que no integraba la mayoría.
En contrapartida, el público, integrado casi sin excepción en la tercera bandeja por militantes de organismos de derechos humanos (entre los que se encontraba el cantautor Daniel Viglietti) encomió la actitud del diputado colorado Fernando Amado, hijo de un general de la dictadura, que aplaudió al Presidente.
Signo de lo mucho que hay que recorrer en Uruguay para obtener Memoria, Verdad y Justicia, afuera había manifestantes con carteles que caracterizaban la falta de una Ley de Reparación para los detenidos-desaparecidos y los presos políticos de la larga dictadura (que en Uruguay empezó en 1973 y duró hasta 1985) de “vergüenza nacional”. (Télam)
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Fuente: http://www.elcomercial.com.ar/index.php?option=com_telam&view=deauno&idnota=168707&Itemid=116
