Montevideo, 3 dic (PL) Gran parte de la sociedad uruguaya está conmocionada hoy tras revelarse que los restos humanos hallados en octubre pasado en el Batallón 14 de Canelones, pertenecen al maestro Julio Castro, desaparecido en 1977.
El secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, informó el jueves pasado en rueda de prensa ante corresponsales extranjeros y nacionales que las pericias realizadas confirmaron que los huesos encontrados pertenecían a Castro.
Emblemática figura del magisterio y el periodismo de este país y fundador del Frente Amplio, Castro, quien contaba al morir 68 años, fue detenido el 1 de agosto de 1977, tras un operativo del Servicio de Inteligencia y Defensa.
Informes previos de autoridades militares al expresidente Tabaré Vázquez (2005-2010) aseguraron que el occiso fue trasladado a un centro de detención, sometido a torturas, y como consecuencia de ellas, falleció el 3 de agosto.
Sus restos, según esas referencias castrenses, fueron enterrados y después exhumados e incinerados y las cenizas arrojadas al Rio de la Plata, datos absolutamente falsos acorde con las revelaciones actuales.
"Los restos aparecieron con las manos y pies atados con alambre, con un golpe en el tórax muy profundo y con un balazo en la cabeza, de frente, de manera que fue una ejecución, y esa ejecución alguien la realizó", señaló Hebe Castro, hija del finado.
Este detalle echó por tierra pretendidas justificaciones esgrimidas por integrantes del régimen de facto que asoló Uruguay entre 1973 y 1985, que adujeron en su momento las muertes de detenidos fueron por golpizas y no ejecutados.
También se fortalece ahora la tesis de la práctica en suelo uruguayo de la llamada "Operación Zanahoria".
Dicha maniobra consistía en exhumar los cadáveres de los desaparecidos de los cementerios clandestinos existentes en varios cuarteles, volver a enterrar los cuerpos pero de pie, "como las zanahorias" y sobre ellos, plantar árboles.
Julio Castro, maestro rural, inspector de enseñanza primaria, redactor y subdirector del semanario Marcha, es el tercer desaparecido cuyo cadáver es encontrado durante las excavaciones ordenadas por el juez Pedro Salazar.
El primero tuvo lugar el 29 de noviembre de 2005 cuando fueron descubiertos los despojos de Ubagesner Chávez Sosa y pocos días después, el 2 de diciembre, los de Fernando Miranda, ambos militantes del Partido Comunista.
Las pesquisas corresponden a un equipo de antropólogos de la Universidad de la República, dirigido por José López Mazz.
El caso de Castro fue incluido en el amparo de la Ley de Caducidad, aprobada en 1986 y que impedía juzgar a comisores de delitos de lesa humanidad durante la presidencia de Julio María Sanguinetti (1985-1990).
El actual jefe de Estado, José Mujica, quien asumió el cargo el 1 de marzo de 2010, habilitó el pasado año la investigación judicial de esta causa, junto con otras.
Tras largas discusiones en mbas cámaras, el Parlamento uruguayo aprobó en octubre pasado mes una ley que declaró como imprescriptibles los crímenes contra los derechos humanos cometidos durante el régimen dictatorial.
La aprobación en ambas instancias legislativas ocurrió con los votos de legisladores y diputados frenteamplistas, y la negativa de los Partidos Nacional y Colorado.
Curiosamente representantes parlamentarios de estas dos últimas fuerzas políticas, sancionaron 25 años atrás la citada norma jurídica conocida también como de Ley de Impunidad.
Organizaciones de derechos estiman en más de un centenar los uruguayos desaparecidos durante la dictadura militar.
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