A un solo piso de distancia del presidente del país, el exguerrillero José Mujica, Calzada recibió a Efe en su despacho de la décima planta de la Torre Ejecutiva, la sede presidencial uruguaya, para ahondar sobre la inédita propuesta, que ha dado la vuelta al mundo.
El secretario general de la JND admitió de entrada que la iniciativa es "un salto importante" que "expone" al país y lo obliga a "discutir fuertemente a nivel nacional y regional".
El proyecto, presentado el miércoles junto con un paquete de acciones contra la inseguridad en las calles, pretende que ninguno de los 75.500 consumidores habituales de marihuana del país, de unos 3,3 millones de habitantes, tenga que comprarla en los mismos puestos clandestinos de venta de pasta base de cocaína.
Esta última droga, consumida por unas 5.000 personas, es más barata, fuerte y adictiva, y es considerada la causa de la delincuencia juvenil y su alto grado de violencia.
Según Calzada, la despenalización "no es un salto al vacío", sino que "se da en el marco de un conjunto de iniciativas que se vienen dando en América Latina y en el mundo desde hace varios años", respaldadas algunas por figuras como Ernesto Cedillo, Fernando Henrique Cardoso o Mario Vargas Llosa.
El funcionario recordó también que el mandatario de Honduras, Otto Pérez Molina, ha decidido apoyarla pese a no ser de tendencia progresista porque está cansado de que su país "ponga los muertos" cuando ni produce ni consume estupefacientes.
"El propio presidente (de Colombia, Juan Manuel) Santos planteó que está dispuesto a discutir las políticas de drogas en términos globales", agregó.
La estrategia antidrogas de Santos, uno de los primeros en criticar la iniciativa uruguaya desde el extranjero, fue a su vez cuestionada por Calzada.
"Tampoco Colombia consultó al conjunto de los países cuando decidió realizar el Plan Colombia, que tuvo un impacto relevante en el desarrollo del consumo de pasta base en el sur del continente", denunció.
Para lanzar su estrategia, narró, Uruguay ha tomado en cuenta lo que se ha hecho sobre la materia "desde hace más de treinta años en Holanda, Australia e incluso en Estados Unidos".
La política uruguaya de separación de mercado es similar a la que hizo Holanda con la marihuana y la heroína, que le permitió ser "uno de los países menos afectados por la epidemia del VIH en los años ochenta y noventa", apuntó.
Sin embargo, según Calzada la estrategia holandesa "tiene una parte que es débil" porque los vendedores de cannabis en los famosos "coffee shops" se tienen que abastecer del mercado negro.
Por contra, detalló, Uruguay plantea "una fuerte presencia del Estado en la regulación del mercado, que va desde la fase de financiamiento, producción, elaboración y distribución".
Sobre la venta dijo que "se ha pensado en el modelo de los estancos (cigarrerías) en España" para el tabaco, pero todavía no se ha definido el camino.
Tampoco se ha concretado si el cultivo será "enteramente propiedad estatal o un sistema tercerizado o mixto", pero en cualquier caso contará con "ciertas condiciones de seguridad" que eviten que la sustancia acabe en el mercado negro nacional o internacional.
La JND prevé suministrar un máximo 30 gramos mensuales de marihuana por usuario, lo que permite fabricar entre 40 y 60 cigarrillos.
Una cantidad mayor se considera ya "un uso problemático" y la persona "necesitaría un abordaje terapéutico".
Consultado sobre el gran número de usuarios que son menores de edad, Calzada indicó que "en ningún caso" está previsto "habilitar el consumo para niños, niñas y adolescentes" porque el retraso en la iniciación a las drogas "es clave para la prevención del retraso del inicio".
En ese punto, pidió medir con el mismo rasero la marihuana, el alcohol, el tabaco y los psicofármacos, que tampoco son inocuos, y recordó que "el mercado regulado o prohibido de drogas tiene 100 años" y el uso de esas sustancias ha variado de siglo en siglo.
"El consumo de la hoja de coca en el mundo andino, a la llegada del imperio español a América, era un producto de uso cultural por las capas altas de sacerdotes y hombres de Estado", remarcó.
Asimismo anunció que el plan se transformará en un proyecto de ley que será enviado al Parlamento el mes próximo, donde el Gobierno espera no tener que valerse de la mayoría oficialista porque cree que hay parlamentarios de la oposición que lo respaldarán.
